Para sus partidarios, el neoliberalismo no es una ideología. Es un proyecto natural y evidente para la expansión de las libertades. Existe sin embargo una jerarquía dentro de esas libertades. Algunas –aquellas vinculadas a la economía y a las finanzas– son efectivamente mucho más importantes que otras, y por eso, en sus tratados, la Unión Europea (EU) las califica significativamente de “fundamentales”. Se trata de las libertades de circulación de capitales, bienes, servicios y personas (o mejor dicho, mano de obra…). Todo ello con la “competencia libre y no falseada” como principio rector. La UE se convirtió así en la primera entidad interestatal organizada con vistas a inscribir en su ordenamiento jurídico los fundamentos de la utopía neoliberal, a saber, la hegemonía de los mercados –en primer lugar los mercados financieros– y el debilitamiento del Estado.

La creación del euro, por el tratado de Maastricht de 1992, constituyó un paso adicional en esa dirección: instaló en el corazón de la UE una fortaleza de las finanzas, el Banco Central Europeo (BCE), dotado de considerables poderes y a salvo de todo control democrático. El BCE materializa de esta forma el sueño de cualquier banquero central: ser totalmente independiente del poder político, dictarle incluso su política. Cabe recordar que el Bundesbank anterior al euro no era completamente autónomo respecto al Gobierno alemán, como no lo es tampoco hoy la Reserva Federal respecto a la Casa Blanca.

Este dispositivo se ha completado con la creación de la troika que, además del BCE, integra dos estructuras igualmente “independientes”: la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Son ellos los verdaderos amos de Europa, y así se lo hacen sentir sin miramientos a los Estados que, uno tras otro, van quedando bajo su tutela y son rebajados al estatuto de “protectorados”. Ya es así en el caso de Irlanda, Grecia y Portugal. Y así lo será seguramente muy pronto en Italia, Chipre, Eslovenia y España. Y los que vendrán… Algo impensable hace algunos años: el presidente del BCE, Mario Draghi, se da el lujo, sin con ello provocar la indignación general, de dictarles a los Gobiernos, hasta en sus menores detalles, las medidas que deben tomar para “verse favorecidos” con un plan de “rescate”. Una versión europea de los planes de ajuste estructural impuestos durante largos años a los países de Sur por parte del FMI y el Banco Mundial…

En su informe mensual publicado el 9 de agosto, el BCE exige la rebaja de los salarios (especialmente del salario mínimo); la flexibilización, cuando no el desmantelamiento, de las leyes de protección de los trabajadores; el fin de la indexación salarial de acuerdo a la inflación, en los países en que ésta existe; una legislación favorable a las empresas; la supresión de las trabas a la competencia internacional, etc. Poco le importa que estas recetas, ya aplicadas –en todo o en parte– en la mayoría de los países, solo hayan tenido como resultado el aumento del desempleo y de la deuda pública, junto con una recesión en vías de generalización. Disimulado tras el pretexto de la crisis, el verdadero objetivo es otro: se trata de destruir el Estado social implantado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y de restaurar el pleno poder del capital.

Es ingenuo limitarse a lamentar el fracaso de estas políticas, aun cuando este fracaso sea total respecto a los objetivos oficialmente anunciados. Gracias a la UE y al euro, se puede, en cambio, hablar del gran “éxito” que significa la puesta en práctica del proyecto neoliberal. Por ahora…