Desde julio de 2012, en Perú, varios pobladores opuestos al proyecto minero Conga, en la región de Cajamarca, han muerto en enfrentamientos con la policía. Otros muchos han sido detenidos arbitrariamente por no querer servir a la transnacional estadounidense Newmont. Hasta la fecha, en todo el país, han fallecido por causas semejantes 25 personas. A inicios del 2013, empezaron también conflictos en Kañaris (Lambayeque) por el proyecto minero de la empresa Candente Copper (Canada). En 2012, vía consulta popular a más de 3.000 campesinos, un 97% votó “no” a la actividad minera, resultado que la empresa canadiense no parece tomar en cuenta. Mientras sus acciones registran un alza de 61,5% en la Bolsa de Lima, esta transnacional ofrece a la comunidad indígena llevar a cabo proyectos económico-sociales. Una limosna para los que el Estado despoja, como siempre ha ocurido desde la época de la colonia. Los campesinos pidieron la formación de una mesa de diálogo y declararon un paro indefinido bloqueando carreteras, lo cual fue calificado por la policía como “terrorismo de masas”. Los campesinos declaran : “No somos antimineros… somos de la opinión de que deben imponerse nuevas reglas a la minería para generar mayor beneficio. Desde hace mucho se sabe de las inmensas ganancias que se llevan las empresas transnacionales ; riqueza que debe compartirse con la nación peruana, por lo que estamos de acuerdo con que se imponga mayor impuesto a la minería y se eleven los pagos de indemnizaciones al campesino por su tierra”.

No se descarta que una acción de amparo pueda suspender el proceso, puesto que el Estado no respetó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales : no hubo mecanismo de consulta antes de la concesión del proyecto. Por eso hoy, en Perú, frente a tantos abusos, están naciendo nuevos focos de resistencia. Va resurgiendo la idea de un partido propio de los trabajadores.

Parece como si la tradición antisubversiva del país, surgida a raíz de la guerra que el movimiento maoísta del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) declaró al Estado peruano en 1980, siguiera inspirando las formas de represión de la protesta social y la manera de descalificar a todo aquel que se manifiesta contra el Estado. Siguiendo esta lógica, se castiga también hoy a personas presas por “delito de terrorismo”. Desde finales del 2012, esto afecta particularmente a algunas mujeres del PCP-SL. Por ejemplo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) somete a la número dos del Comité Central del PCP-SL, Elena Yparraguirre –quien lleva 20 años encarcelada– a un proceso disciplinario que consiste en un régimen cerrado especial (23 horas de celda, una única hora de patio, y reducción de las visitas), cuando en realidad le toca el régimen ordinario. Sucedió a raíz de un reportaje publicado por el semanario británico The Economist en septiembre de 2012. Según las autoridades, no hubo autorización para conceder la entrevista.

La decisión del INPE no solo afectó a Elena Yparraguirre, sino también a centenares de presas. De tal modo que una interna española, Tais Isasi, de 23 años de edad, condenada por tráfico ilícito de drogas, se suicidó en octubre de 2012. Como sostiene el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) : “Estos hechos representan un claro retroceso de la administración penitenciaria al aplicar un régimen digno de un gobierno fujimorista”. Algunas internas escribieron el siguiente comunicado : “Nosotras, internas del Penal anexo de Mujeres Chorrillos, más conocido como ‘Máxima’, hacemos conocer que el día domingo 14 de octubre ha muerto TAIS ISASI a causa de la imposición de un régimen penitenciario inhumano de tortura y muerte. Ya en el 2008, cuando se aplicó el Régimen Cerrado Especial, varias peruanas y extranjeras intentaron suicidarse por ser este un régimen insoportable, torturante que sólo genera sufrimiento y desesperación, por eso al cabo de unos meses suspendieron su aplicación. Hoy, antes de una semana de su nueva aplicación, este siniestro régimen se ha cobrado su primera víctima”.

Después de haber sido militarmente derrotado en 1992 con la captura de su jefe Abimael Guzmán, Sendero Luminoso quiere hoy seguir la lucha por la vía política con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), lo que está siendo reprimido por el gobierno y denunciado por gran parte de la sociedad civil y por el conglomerado Fuerza Ciudadana. Creado en 2009, el MOVADEF reclama el respeto de “los derechos fundamentales del pueblo trabajador y explotado”, y una amnistía general para los presos de Sendero Luminoso y los militares. Hoy, entre 10 y 15 personas de este movimiento están siendo investigadas por la Fiscalía Supraprovincial y la Dincote (Dirección Nacional contra el Terrorismo). Se quiere también volver a judicializar a personas del PCP-SL y del MOVADEF que ya cumplieron el plazo de detención carcelaria, como es el caso del “camarada Simón”, cuyo excesivo tiempo de detención le fue favorable después de 14 años de reclusión sin recibir sentencia. Además, ciertos casos se reabren después de cumplida la sentencia (a veces más de 20 años), porque las autoridades no quieren dejar libres a ciertos internos, como es el caso en el penal de Chorrillos. Y si bien los medios de comunicación desbordan de noticias sobre la petición de indulto humanitario por motivos de salud para el ex presidente Alberto Fujimori, callan totalmente sobre el cáncer de una ex integrante del Comité Central de Sendero Luminoso que sigue recluida. Se pueden también mencionar los embargos de bienes de presos y ex presos políticos para la reparación civil desmesurada que pide el Estado. Actualmente, al parecer, hay un embargo al día en Perú.

Finalmente, en diciembre de 2012, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la ley que establece medidas extraordinarias contra el personal docente y administrativo condenado o implicado en “delitos de apología al terrorismo”. Una suerte de antecámara de la futura incorporación al código penal del delito de “negacionismo” (es decir “la negación de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de las personas como hechos de máxima injusticia”) en Perú, país donde hasta la fecha no existe ninguna regulación jurídica antinegacionista.

Este contexto actual de persecución no facilita el proceso de cicatrización que tanto necesita el país. Según Wilson Barrantes, general de brigada del ejército, “si seguimos peleando entre hermanos, vamos a perseguir a los descendientes de Caín por haber matado a Abel. Hemos crecido pero no hemos solucionado los problemas de fondo. Este tema demanda desprendimiento, yo me reafirmo en la necesidad de la reconciliación, no queremos judicialización, sino una solución política. No se trata de quién mató menos o quién mató más, sino entender lo que ha pasado en Perú”.

Se tiene que hacer justicia avanzando de manera más efectiva en las reparaciones, sin estigmatizar con un abuso de judicialización. Es también esencial que cada parte reconozca públicamente y dentro de un proceso formal, los crímenes que cometió sin minimizarlos o banalizarlos. Además, ninguna amnistía general es posible sin antes trabajar a largo plazo, entre otros, el tema de la recuperación de la memoria histórica a través de la exhumación e identificación sistemática de las víctimas, la creación de lugares de memoria donde ocurrieron masacres –como en Accomarca, el Frontón, Lucanamarca y el Pueblo Joven “9 de abril” (Tarapoto) por ejemplo–, la apertura y digitalización de los archivos militares, debates y eventos culturales destinados a escuchar las voces del otro, así como la creación de un Gran Archivo de la Guerra, tal como lo plantea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La tarea es imprescindible a todo proceso de duelo colectivo e individual.

Es posible la superación de la lucha armada. El MOVADEF plantea hoy este reto a la sociedad peruana. Sólo permitiendo su ingreso a la vida política formal, se podrá medir la capacidad del pueblo para despolarizarse, para asumir las responsabilidades a nivel colectivo y a reconocer al otro sin negar su existencia. Según Salomón Lerner, ex primer ministro del presidente Humala : “Nadie puede dejar de reconocer el derecho de un grupo humano a rectificar su conducta e incorporarse a la democracia respetando las reglas de juego que esta establece”.

En su afán de satanización del MOVADEF, los medios de comunicación se olvidan de mencionar que este movimiento no es homogéneo, que no está necesariamente interesado en penetrar las masas en la forma deseada por una parte de Sendero Luminoso, que el número de sus miembros está a la baja, y que en caso de elecciones, estaría lejos de obtener una mayoría de votos. Una ley de negacionismo –que llevaría también a (auto) censurar a dirigentes políticos, militantes de derechos humanos, periodistas, investigadores, escritores y artistas– solo vendría a obstaculizar el sano desarrollo de la democracia.

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