Por ENRIC MARTÍNEZ-HERRERA y THOMAS JEFFREY MILES, respectivamente, profesor en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona ; y profesor en la University of Cambridge, Reino Unido.

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Durante los últimos dos años, los líderes de la ilegalizada rama política del “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” (MLNV), de izquierda radical, han presionado sistemáticamente a la rama paramilitar de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) para que abandone la táctica de la lucha armada, a la vez que ha procurado forjar una colaboración electoral con dos partidos legales que ha demostrado tener un enorme éxito en las elecciones municipales, forales y generales de 2011, al obtener aproximadamente una cuarta parte de los votos. De hecho, este elevado resultado electoral ha permitido que los nacionalistas de izquierdas hayan conquistado un nivel sin precedentes de poder institucional, e incluso hayan logrado un impresionante sorpasso del todavía hegemónico Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), demócrata-cristiano, en cuanto a representación institucional.

La presión cada vez mayor desde dentro del MLNV para que terminara la violencia fue una respuesta a diversos factores, incluido no sólo el reconocimiento de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español –en colaboración con Francia– había minado progresivamente la capacidad paramilitar de ETA ; sino asimismo el reconocimiento de la clara tendencia de la opinión pública vasca de que existía una relación inversamente proporcional entre el rechazo de España y el número de muertes causadas por ETA ; así como la situación anómala de que el gobierno autonómico hubiera caído por primera vez en manos de una alianza parlamentaria entre socialdemócratas y conservadores españolistas ; por no mencionar la Ley de Partidos Políticos de 2002, que se hizo a medida para excluir al MLNV de las instituciones democráticas, de los cargos públicos y del acceso a subvenciones.

Los líderes de la rama política del MLNV habían llegado a la idea que la lucha armada de ETA hacía ya tiempo que se había vuelto contraproducente con respecto al objetivo de la independencia.

La deslegitimación de la táctica del terror a los ojos de la opinión pública vasca se puede remontar a mediados de los años 1990, producto, en primer lugar, del trabajo de organizaciones pacifistas no gubernamentales y, más decisivamente, de la emergencia de una masiva movilización patriótica en contra de ETA, que explotó públicamente de manera repentina a raíz del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Polular (PP) de veintitrés años de edad. El resultante reequilibrio de la balanza en cuanto a la capacidad de movilización por parte de militantes de ambas partes del conflicto nacionalista en la región alteró radicalmente el clima político de ésta, al provocar, entre otras cosas, una escisión dentro del MLNV en sí mismo, en torno a la cuestión de la violencia.

Este giro inesperado de los acontecimientos desencadenó un replanteamiento de la relación entre táctica y estrategia dentro del entorno nacionalista vasco radical, que condujo a una tregua en 1998 que duraría quince meses y que iría acompañada de un intento de atraer a los elementos demócrata-cristianos y conservadores más moderados del PNV, que controlaban las instituciones forales y el gobierno vascos, dentro de un “frente nacionalista” unido en busca de una agenda secesionista que apenas disimulaba estar mal disfrazada de “federal”. Las elecciones autonómicas celebradas durante esta tregua evidenciaron un espectacular cambio en los resultados electorales de la rama política del MLNV, y la catapultó al papel de principal sostén del gobernante PNV en el Parlamento autonómico hasta el final de la tregua. El MLNV no pasaría por alto la lección de este intervalo, ya que muchos de sus líderes se dieron cuenta, por primera vez, de la relación inversamente proporcional entre los niveles de violencia y los niveles de apoyo popular a la causa de la independencia de Euskal Herria (los territorios de País Vasco, Navarra y el País Vasco francés).

Por lo tanto, el reciente aumento del nacionalismo radical vasco no deja de tener un precedente ; y la derrota definitiva de la táctica del terror ha sido recibida como una oportunidad para incrementar los niveles de apoyo a la independencia en el País Vasco.
Además, el final de la violencia significa un final del “cordón sanitario” que anteriormente había separado la rama política del MLNV del resto de fuerzas políticas vascas. Las perspectivas de forjar un “frente nacionalista” vasco eficaz y unido, capaz de consolidar su hegemonía en las instituciones municipales y regionales, así como de movilizarse para una confrontación pacífica, pero a su vez frontal, con el Estado español que lleve adelante el objetivo de la independencia, nunca ha parecido tan factible, especialmente a raíz de la vuelta del Partido Popular al poder en Madrid, con una mayoría absoluta.

Sin embargo, tales perspectivas están lejos de ser una certeza. Los analistas políticos tienden a simplificar en exceso las fracturas dentro del cuerpo político vasco. De hecho, un enfoque exclusivo de la escisión nacionalista oculta las cuestiones que más preocupan a la mayoría de la ciudadanía vasca, que no pertenecen a la división que separa a nacionalistas vascos y a españolistas, sino a la división que separa la derecha de la izquierda.

Durante las seis legislaturas en las que el PNV gobernó la autonomía, los nacionalistas vascos cristiano-demócratas, en coalición con diferentes partidos de izquierdas, construyeron un modelo social que es una excepción dentro del panorama español neoliberal en su conjunto. Lo hicieron en gran parte gracias a la presión de la izquierda abertzale. No sólo el gobierno vasco utilizó su poder autonómico, incomparable con cualquier otro en el mundo occidental, para proveer prestaciones sociales relativamente generosas, en las que se incluían vivienda pública, sanidad pública de alta calidad y renta básica universal ; sino asimismo, fue el único gobierno autonómico en España que desarrolló políticas industriales proactivas. Éstas quizás sean el logro más importante de este modelo social. Ha permitido que el País Vasco renueve exitosamente las relativamente altas tasas de empleo y de buenos trabajos, muchos de ellos proporcionados por las cooperativas, propiedad de los trabajadores. Por el contrario, en el resto del Estado, los buenos trabajos han desaparecido considerablemente, debido a que la economía ha llegado a estar dominada por la especulación en el mercado inmobiliario y en la construcción, junto con un turismo de bajo coste. Todo esto de acuerdo con la gran estrategia para una hegemonía neoliberal constitucionalizada en el Tratado de Maastrich, un plan que reserva a España poco más que el papel de una Florida europea.

De ahí que el modelo social vasco destaque frente a la sombría situación general de España. Las condiciones de vida de los trabajadores en la región son mucho mejores que las de sus colegas del resto de España, que han sido abandonados en gran parte a las fuerzas del nepotismo y del mercado, forzados a humillarse entre sí para conseguir trabajos precarios en una atmósfera de desempleo extremadamente alto, mientras el incipiente Estado de bienestar español está siendo desmantelado perniciosamente en nombre de la austeridad, en otras palabras, está expuesto a los dictados de las finanzas mundiales.

Sin embargo, este modelo social vasco no está falto de penumbras. La igualdad de oportunidades es un principio fundamental de cualquier régimen de bienestar progresista ; y cuando se le juzga por ese estándar, el modelo vasco sigue siendo deficiente. Esto se debe a que las medidas progresistas aplicadas han sido contrarrestadas por políticas etnolingüísticas regresivas de construcción nacional, junto con prácticas de clientelismo ampliamente extendidas y partidistas. La combinación de éstas hacen que las perspectivas de movilidad social entre generaciones y entre clases sean extremadamente difíciles para la prole de la mayoritariamente castellanohablante clase trabajadora emigrante interna.

Se presenta así una improbable, aunque factible, alternativa al frente nacionalista. Un “frente popular” interétnico en que el bloque izquierdista-nacionalista forjado en torno al núcleo del MLNV pudiera aliarse con los partidos socialdemócratas representantes de los trabajadores castellanohablantes en la lucha para superar las contradicciones entre el modelo social progresista de la región y sus políticas exclusivistas de construcción nacional, su clientelismo y su sectaria cultura política postcarlista. 

Sin embargo, un escenario de “frente popular” capaz de corregir estos déficit democráticos no sería fácil de construir. Por un lado, requeriría que cambiasen en el MLNV los resentimientos permanentes de violencia represiva e incluso de terrorismo patrocinado por el Estado, aunque algunos de estos recuerdos pueden estar disminuyendo veinticuatro años después del último ataque mortal de los GAL. Por otro, requeriría un enorme esfuerzo curar las heridas psicológicas y económicas infligidas a las clases populares castellanohablantes, por no mencionar las de los representantes políticos, activistas de base, intelectuales y agentes del Estado aterrorizados por atreverse a defender la unidad española, muchos de los cuales se vieron forzados a un exilio político o económico.

Aun así, las hostilidades entre los socialdemócratas españolistas y la izquierda abertzale ha disminuido durante los últimos años. Las conversaciones entabladas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con los líderes “civiles” del MLNV y los jefes militares de ETA en 2006 destacan como un punto de inflexión a este respecto. Estas conversaciones, que recibieron muchas críticas de la oposición conservadora españolista en su momento, supusieron que no se asesinara ni se secuestrara a nadie durante más de un año. Más importante aún, fueron parte de la táctica del Gobierno para que finalizara la violencia al integrar a la izquierda abertzale en el juego parlamentario.

Esto fue un cambio significativo de alejamiento de la represión y de giro hacia el acuerdo. El cambio sirvió para crear expectativas entre los líderes “civiles” del MLNV de que se les permitiría recuperar los beneficios de la inclusión democrática, que habían perdido en 2002, cuando el PP, que gobernaba entonces también con mayoría absoluta (aunque con la aquiescencia del PSOE), aprobaron una ley antidemocrática por la que se prohibía todo partido que no rechazara explícitamente la violencia política (al menos en la variedad doméstica).

Después del final del alto el fuego, el Gobierno de Rodríguez Zapatero inicialmente endureció su postura hacia el MLNV “civil”. Pero, como se volvió cada vez más claro que el MLNV “civil” estaba presionando a ETA para poner fin a la violencia, el Gobierno pronto recuperó la confianza en su táctica a favor del acuerdo. En este tono, a lo largo del último año, el Gobierno ejerció una considerable influencia sobre el sistema judicial para que hubiera una interpretación menos rígida de la Ley de Partidos Políticos, por encima de las enérgicas objeciones de PP y UPyD (Unión, Progreso y Democracia) y de los medios de comunicación afines, así como desde diversas asociaciones de víctimas del terrorismo. Finalmente, una interpretación flexible de la ley antidemocrática permitió la inclusión de los miembros “civiles” del MLNV en listas electorales legales y preparó así el terreno para su reciente éxito electoral.

En suma, aunque sigue habiendo mucho dolor y motivos de queja, se ha producido un considerable acercamiento entre los socialdemócratas y la izquierda abertzale en los últimos años. Este acercamiento reciente puede facilitar futuras colaboraciones en la búsqueda de reforzar el modelo social vasco, una búsqueda en la que otras formaciones de izquierda más pequeñas aunque pertinentes también pueden desempeñar un papel significativo. A su vez, tal colaboración en el proceso de refuerzo democrático en el País Vasco podría servir como importante fuente de inspiración para quienes busquen reorientar el PSOE, que se extravió en el Congreso de Suresnes hace mucho tiempo.

Hay que admitir que estas perspectivas son un tanto lejanas, aunque el escenario no es tan improbable como las perspectivas para una reedición de la coalición parlamentaria de partidos españoles que actualmente gobierna el Parlamento Vasco. El final de la violencia y la consolidación del compromiso creíble de tácticas pacíficas por parte del MLNV ha puesto fin a la anómala sobrerrepresentación del PSE (Partido Socialista de Euskadi) y PP, por lo que será extremadamente improbable que puedan repetir una mayoría parlamentaria.

Un escenario más probable es una coalición reeditada entre el PNV y PSE. Ahora que el PNV ha sido condenado al ostracismo en la oposición y excluido de los círculos del poder autonómico durante la presente legislatura, como castigo por la imprudencia “federal” de Ibarretxe, muchos socialdemócratas del conjunto del Estado y del País Vasco sucumbirán a la ilusión de que merece otra oportunidad para demostrar que es leal a España y un socio de coalición fiable en la tarea de “administrar” el territorio.

Mucho depende de la voluntad política de los líderes del PNV. La lucha por la hegemonía entre los bloques demócrata-cristianos e izquierda abertzale dentro del movimiento nacionalista vasco, en una coyuntura en la que los segundos están ganando rápidamente impulso, puede hacer que al PNV le asuste adherirse al “frente nacionalista”, por miedo a ser rebajados al papel de socio minoritario.

La izquierda abertzale podría vencer esta reticencia del PNV sólo si le concede predominio institucional a cambio de pasos adelante inmediatos e importantes hacia la realización del sueño de una independencia. Lo que al final prevalezca entre los líderes del PNV, teniendo en cuenta los intereses sectarios-partidistas y las tácticas o las convicciones nacionalistas y la estrategia, sigue siendo una cuestión abierta crucial difícil de predecir.