Los golpes de Estado han sido una constante en la historia de América Latina. Sus formas han evolucionado al igual que los dispositivos y mecanismos para su realización. No se trata de una excepcionalidad, por mucho que el discurso institucional lo relegue a ser parte de una historia periclitada. Sólo una ficción presenta los golpes blandos como actos institucionales no asimilables a la categoría de golpe de Estado, dejando esta nomenclatura para aquellos que se valen de la represión generalizada, el asesinato, la tortura y son comandados por las fuerzas armadas.

Trasladar a la esfera simbólica del control de la vida y la muerte la definición de golpe de Estado, resulta cuando menos reduccionista. La existencia de centros de detención, torturadores, informantes, mecanismos jerarquizados y dispositivos para el exterminio no es un factor determinante. La cobertura de la muerte es institucional. Cuarteles, clínicas, academias de guerra, campos de concentración, cárceles clandestinas son algunos de los espacios donde se torturó a militantes y simpatizantes de los gobiernos constitucionales y democráticos. En los golpes suaves o blandos, se suman estrategias para hacer posible el juicio político mediante la desestabilización, no renunciando a la violencia. Sólo se produce un desplazamiento de actores. El papel protagónico lo asumen organizaciones paramilitares, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, pero sin el empaque institucional de las fuerzas armadas. Es la estrategia señalada de la “lucha no-violenta” como método para el golpe de Estado. El mejor ejemplo lo tenemos en la república Bolivariana de Venezuela, son las llamadas Guarismas. Su emergencia en febrero de 2014 coincide con el proceso desestabilizador iniciado por la oposición, llamando a romper el orden constitucional, desconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, bajo un plan conocido como “La salida”. Se tomaron calles, se produjeron asaltos a centros oficiales, bloqueo de hospitales, sabotajes en carreteras, quema de autobuses, etc. El resultado de la acción no-violenta fueron 43 muertos y más de 500 heridos a manos de los grupos paramilitares.

Sin duda hay disparidad. Los golpes de Estado en Chile (1973) y Argentina (1976) muestran grandes diferencias con los acaecidos en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2015). En primer lugar, los Parlamentos fueron clausurados y el poder judicial amordazado. En los primeros años, en Chile, se gobernó mediante bandos militares hasta la promulgación de la Constitución de 1980, actualmente en vigor. En Argentina, la junta militar construyó un decálogo de normativas conocido como “Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas armadas para el proceso de reorganización nacional”, derogado en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín. Es decir, actuaron con las prerrogativas de un estado de Guerra y excepción, donde los derechos políticos y civiles fueron drásticamente eliminados.

En el caso de Honduras (2009), es la Corte Suprema de Justicia la encargada de poner en marcha el golpe de Estado. Su papel consiste en emitir una orden de allanamiento y captura al Presidente Manuel Zelaya el 26 de junio de 2009. Esta acción fue complementada por el Congreso Nacional, donde los diputados golpistas nombrarían una Comisión de investigación para dirimir el carácter anticonstitucional de las decisiones tomadas por el presidente. Así, las fuerzas armadas hondureñas se limitarán a cumplir la orden emanada de los tribunales. Retenido, en su casa, el presidente Manuel Zelaya será trasladado, por decisión unilateral de sus captores, a Costa Rica, haciendo caso omiso de la instrucción judicial. Ese fue el momento insurreccional de las fuerzas armadas. El presidente de facto, Roberto Micheletti aprobó tal acción. En el año 2011, bajo la administración de Porfirio Lobo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras, valoró dicha actitud como un exceso de poder e incumplimiento del mandato : “... de esta instrucción judicial, la Corte Suprema de Justicia no pidió explicaciones ni se registra actuación alguna. Al mismo tiempo consumada la expatriación del presidente, las Fuerzas Armadas convocaron a funcionarios de los Poderes del Estado y algunos políticos al Estado Mayor, ante lo cual algunos se negaron, pero a los que asistieron se les pidió redactar un comunicado a la población hondureña que explicara lo sucedido. Simultáneamente, otra reunión se estaba celebrando en el Congreso Nacional. Dos esferas de acción se fueron definiendo, la de la seguridad y manejo del conflicto sociopolítico dejada a las fuerzas armadas y policías ; y la definición política partidaria e institucional a cargo del Congreso Nacional. Esta condición, y otras, hacen que el golpe de Estado en Honduras registre particularidades que rebasan el concepto clásico de golpe de Estado en América Latina”.

En Brasil, en el año 2016, se elabora un plan mucho más elaborado, para la destitución de su presidenta Dilma Rousseff. En este caso existía un antecedente, el impeachment contra Fernando Collor de Mello. Primer presidente elegido por votación directa, tras la dictadura. Acusado de lavar dinero, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, el 29 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados dio luz verde al expediente : el 2 de octubre de ese año, quedaría suspendido del cargo por 180 días. Collor de Mello intentó frenar el impeachment, renunciando el 29 de diciembre de 1992, pero la acusación siguió su curso. Declarado culpable, perdió sus derechos políticos por ocho años. El vicepresidente, Itamar Franco, lo sustituyó hasta las elecciones de 1994, donde se impondría el candidato del PSDB, Fernando Henrique Cardoso, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Collor de Mello sería rehabilitado años más tarde por la justicia ordinaria señalando la falsificación de pruebas en las acusaciones vertidas.

El impeachment puesto en marcha contra la presidenta Dilma Rousseff, se ajusta a la figura jurídica del abuso del derecho. Supone la utilización espuria del procedimiento con la finalidad de cambiar la dirección política de la acción gubernamental. Su vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB, participa y promueve la “conspiración”, renunciando a la coalición de gobierno semanas antes de la imputación, el 29 de marzo de 2016, sin abandonar su cargo. Hoy, como presidente reconocido por la Cámara, ha dado un giro a la acción de gobierno, dejando sin efecto políticas sociales implementadas por el PT. El golpe de Estado se produce bajo los auspicios de una parte del poder legislativo y del poder judicial, alterando la voluntad general y creando el ambiente propicio para legitimar el golpe blando.

En Paraguay, se desarrolló el mismo guión con modificaciones. En 2012, el Congreso Nacional redactó el libelo acusatorio contra el presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, de acuerdo al artículo 225 de la Constitución de 1992, en el que se recoge la necesidad de realizar un juicio político al presidente : “por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes [...] La acusación será formulada por la Cámara de diputados, por mayoría de dos tercios, y corresponde a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de sus dos tercios, juzgar en juicio político a los acusados”.

El control político de la Cámara, en manos de la oposición, y un vicepresidente del partido liberal, Federico Franco, cómplice de la acusación, facilitaron el impeachment. Sólo 3 diputados de 80 y 3 senadores de 45 pertenecían al Frente Guazú. El juicio político era cuestión de tiempo. Bastaba unir argumentos y excusas para activar el procedimiento. La matanza de Curuguaty, desalojando a los campesinos, el 15 de junio de 2012, que ocuparon los terrenos propiedad de Blas Riquelme ex presidente del partido Colorado, fue el detonante. 17 muertos y decenas de heridos, el balance de la represión. El golpe de Estado blando se ejecutaría a la perfección. El libelo se redactó rápidamente y constó de nueve páginas, donde se exponían los hechos para la destitución. Cinco acusaciones, ninguna de ellas probada facilitaron la destitución.

No hubo opción, Lugo dirá en el discurso, una vez destituido : “Los que dieron el golpe fueron políticos conservadores. Quienes impulsaron el golpe son los que quieren concretar el negocio de la multinacional Río Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética de nuestro país y los intereses de nuestra nación. Aquellos que estuvieron con el golpe son los que se han lucrado con el modelo de país para poco, donde el destino de nuestra gente era la emigración, por eso inmediatamente anunciaron que no implantarían el impuesto a la soja [...] detrás del golpe estuvieron aquellos sectores que anhelan la pseudo-integración promovida por lo negocios ilícitos y la narcopolítica”.

El resultado fue inmediato, al igual que en Brasil y Honduras, se produjo el cambio en las políticas públicas y sociales y la adopción de la agenda neoliberal. Con su triunfo, el empresario, banquero y terrateniente Horacio Cartes, educado en los colegios religiosos de Estados Unidos, miembro del partido Colorado del dictador Alfredo Stroessner, gobernará en su nombre en pleno siglo XXI.

Hablamos de estrategias complementarias y no excluyentes. Chile es el ejemplo inicial de este mecanismo que se mostró operativo en el golpe de Estado de 1973. Hoy ha sido perfeccionado y puesto en circulación en los manuales de la desestabilización para el advenimiento de los golpes blandos. En este sentido es más eficiente sembrar el caos, romper el orden constitucional y conspirar contra los gobiernos legítimos que llamar a las fuerzas armadas a poner orden. En este sentido, afirmamos que ningún manual, ni estrategia exitosa de golpe de Estado es exclusivamente militar o civil. Sin la unidad de ambos factores, el golpe de Estado está destinado a fracasar. Sólo que en el siglo XXI, se invierten los papeles. Por un lado, la sociedad civil se organiza. Los partidos políticos opositores llaman a romper el orden constitucional. El sabotaje, el juicio político a ministros, las huelgas patronales, de comerciantes, el desabastecimiento, las movilizaciones estudiantiles, de mujeres y el miedo, se amalgaman para crear las condiciones de un golpe de Estado.

En Chile, fue destacable el papel de los medios de comunicación social, cuya actividad frenética para generar una opinión pública favorable al golpe se hizo sentir en el estado de ánimo y en la guerra de propaganda contra el gobierno de la Unidad Popular. Su papel legitimador del orden pinochetista, terminó con la prensa libre en Chile. El duopolio de El Mercurio y Copesa, los dos grandes grupos instigadores del quiebre constitucional, controla el 90% de los medios de comunicación social. La dictadura pagó con creces sus servicios.

Ahora, los protagonistas secundarios toman la iniciativa y desarrollan la trama. Este cambio de funciones ha dado lugar a considerar el golpe blando como una novedad, perdiendo de vista que dicha técnica fue utilizada como parteaguas para la intervención militar. Como hemos apuntado, otras instituciones toman el relevo. El poder legislativo, el judicial o ambos se convierten en los impulsores para destituir gobiernos. Asimismo, los Estados Unidos avalan, apoyan, financian y legitiman las acciones desestabilizadoras, inclinando la balanza hacia el éxito de los golpes de Estado. El caso más reciente de esta imbricación lo constituye el documento para las acciones desestabilizadoras en Venezuela, Freedom-2, elaborado por el Comando Sur, firmado por el almirante Kurt W. Tidd y reproducido en este manual, y del cual extraemos el siguiente párrafo :

“Nuestro componente de operaciones especiales común, involucrado en esta operación, debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los objetivos estratégicos : fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica que continuaran rigiendo nuestros esfuerzos que incorporen todos los instrumentos de autoridad nacional, entre ellos, recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos. [...] Bajo el enfoque de ’cerco y asfixia’ hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza : convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, Universidades [...]”.

 

NOTAS :

Este texto es un extracto del libro Breve manual actualizado del golpe de Estado (Ediciones Sequitur, Madrid, marzo de 2017, 96 página, 9 euros). Disponible en nuestra librería en Internet : www.mondiplo.com/golpe-roitman