“En época de mentiras, contar la verdad
se convierte en acto revolucionario”
Georges Orwell

Desde cuándo los medios de comunicación de América Latina asumen tareas políticas ? En medida variable, desde siempre. Aunque nunca con la sistematicidad ni con la fuerza de hoy. La vocación de los medios también es el poder. Quieren no solamente informar, no únicamente opinar, sino también ser oficiales cuando no capitán de la torre de mando en donde se toman las decisiones. Por eso, los espacios vacíos que dejan los partidos políticos son rápidamente ocupados por los medios. Hasta tal grado que muchas discusiones ya no tienen lugar, ni en el Parlamento, ni en otras instancias públicas o privadas, sino que son directamente debatidas y resueltas en un set de televisión o en un estudio de radio. De pronto, en algunos países, los políticos se vieron en condiciones subalternas respecto de los medios de comunicación, y un sector importante optó por el silencio antes que dañar su imagen pública.

Las grandes cadenas de televisión, los periódicos de alcance nacional o las estaciones radiofónicas han tenido siempre en América Latina una clara simpatía por los poderes político y económico. Son escasas o inexistentes las excepciones. Su incidencia les ha permitido decidir, hasta muy recientemente, sin contrapesos, qué se informa, qué se discute, y quiénes hablan. Para el resto, el acceso a los medios de comunicación ha sido el de las apariencias, en donde el discurso crítico sólo sirve en la exacta medida en que se caracterice por dos condiciones : como justificante de pluralismo ; y que jamás cuestione lo esencial del modelo político-económico-social. El resultado está a la vista : amplios sectores han quedado marginados de la comunicación. En esa carencia es donde germina la necesidad de medios de comunicación alternativos que hoy se ven reforzados por el auge de Internet pero que no alcanzan a modificar sustancialmente el entramado comunicacional tradicional.

A su vez, la aparición de la Red permite, por primera vez, que los usuarios no tengan que pedir permiso para dar su opinión. Esta ruptura de los monopolios comunicacionales es inaugural, al poner el uso de la palabra fuera de control, pese a los esfuerzos de los dominantes para evitarlo.

Esta vocación por el poder, unida a Internet, es lo que ha terminado por poner en guardia a los políticos en su relación siempre ambigua con los medios de comunicación.
La prensa se ha tornado asfixiante para los gobernantes. Es como si ella hubiese atravesado, sin plena conciencia, una frontera prohibida. La reacción ha venido de todos los sectores políticos, desde la derecha incombustible hasta la izquierda contumaz. Como en el casino : “¡No va más, señores !”. El primer síntoma fue la disputa pública, y los propios jefes de gobierno se encargaron de esgrimir las quejas. Luego vinieron las demandas judiciales, y más recientemente la aprobación de leyes destinadas a acotar la función de la prensa y a sancionar una lista larga de actitudes, que comienza en la difamación y se extiende hasta las expresiones racistas.

¿Tienen razón los políticos ? Sí, en el sentido de que hay espacios que no corresponden a una prensa que se adhiere a una concepcion ética y de interés público del periodismo. Presiones por la agenda pública, uso indebido de los hechos para atacar políticamente a gobernantes indeseados, apoyo indisimulado a asonadas golpistas, silencio sobre actividades exitosas o información destinada a restar toda relevancia a las gestiones positivas. Manipulación para exagerar defectos, campañas de desprestigio personal y colectivo. Los medios de comunicación se sienten poseedores de una autoridad que excede en demasía sus funciones. Su principal defensa es la libertad de prensa, derecho transformado en la panacea que cura males diversos.

La libertad de expresión se nutre de dos grandes fuentes : la una es la estadounidense, en la que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos habla de la libertad de expresión total, sin ningún límite. La otra, el modelo europeo, tiene su cimiento en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la que se apunta la libertad de expresión pero, desde el artículo 11, se establecen los límites que están destinados a garantizar el derecho a la información responsable y que, por tanto, se podrá determinar, se dice, por ley. Es decir que, de antemano, la libertad de información está limitada en el modelo europeo. Esos son los dos modelos distintos que luego se matiza en los Estados Unidos por el Tribunal Supremo, que con sus sentencias limita realmente, de manera casuística, esta libertad de expresión. Y que se matiza tambien en Europa gracias a las sentencias de la Corte europea de los derechos humanos habitualmente más “libertaria” que los Estados miembros.

Uno podría decir que algunos latinoamericanos, coincidentes con el espíritu europeo desean mensurar la libertad de expresión para hacerla más eficaz, más democrática. No ha sido siempre así. Algunas de las nuevas leyes otorgan discrecionalidades al gobierno para que sea él mismo el que juzgue cuándo se agravia a las autoridades. Los ministros o los presidentes asumen los cargos de juez y parte. El resultado es que se condena por igual al infractor y al crítico, se sanciona al autor de la difamación y al medio de comunicación que investiga irregularidades en el Estado. Si no fuera cierto parecería una mala broma que existan Gobiernos que prohíben comedias televisivas porque se mofan de los gobernantes. La persecución del buen humor... Lejos hemos llegado. Un poquito más allá se quiere promulgar una ley para condenar hasta con cuatro años de prisión a quien insulte al Presidente o a cualquier funcionario electo. Imagínense, habrá que construir más cárceles que viviendas populares. Si un periodista se atreve a decir que las expresiones de un sector parlamentario en el Congreso nacional acusando al Presidente de “alcohólico” merecen una aclaración al más alto nivel, es expulsado de su trabajo por “difundir rumores”. ¡Qué barbaridad ! Le quieren arrebatar el único consuelo a la gente : mentarles de vez en cuando la madre a los que les gobiernan.

En las terapias, sería recomendable hacer una distinción : deberían ser cosas distintas la ley de medios, y la ley del ejercicio periodístico. Efectivamente las viejas leyes de medios de comunicación no responden a los grandes cambios que ha experimentado el sector : las innovaciones tecnológicos ; la emergencia de redes sociales que reclaman su presencia en el debate ; la concentración ilimitada de la propiedad que reduce a casi cero la pluralidad. El sector político latinoamericano ha respondido de distintas maneras a estos desafíos. En los casos de Uruguay o del Perú, por citar ejemplos conocidos pero no únicos, se han tenido en cuenta factores políticos, sociales y tecnológicos, pero sobre todo el deseo de ampliar la participación social, de democratizar realmente los medios de comunicación. El resultado de los diálogos multisectoriales ha sido beneficioso en Argentina. Diferente es el caso de políticos y organizaciones sociales que han buscado transformar una hegemonía comunicacional, al servicio de los poderes político y económico, en una hegemonía comunicacional al servicio de causas ideológicas sectoriales. La misma lógica para fines distintos. La nobleza de la causa en lugar de justificarla la hace aún más criticable. Cuántas veces la bondad ha sido motivo de las peores tragedias humanas. Al optar por medios de comunicación que contradicen los fines, los fines empobrecen. Cuando el Estado se inmiscuye para hacerse más fuerte, cuando administra la publicidad nacional como dádiva o castigo, cuando se vale de cualquier recurso para cancelar licencias, cuando sella alianzas con los monopolios, cuando el mandatario se encierra en .la misantropía comunicacional, en vez de democratizar agudiza las contradicciones, polariza y ofrece más de un flanco para ser atacado.

El caso del ejercicio periodístico es otro. La ley es indispensable para regular la vida democrática, pero cuando la ley se hace o se instrumenta para acosar al adversario, no puede ser una buena ley. Un Gobierno debería abstenerse siempre de juzgar qué es o no es insultante en lo que dicen los medios, para eso está la Constitución y la ley. Los países europeos han aprendido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial que, en el caso de los periodistas, es más eficaz el recurso de la “autorregulación”. Aunque algunos propietarios y periodistas latinoamericanos la entienden como ausencia de todo control, salvo el de la conciencia de los propios periodistas y de sus empresas. Nada más ajeno a la realidad. Autorregulación significa : disposiciones aceptadas y asumidas como propias, tanto por los periodistas como por el público ; existencia de un manual de estilo que establezca criterios profesionales y ético-morales ; creación de una Comisión Nacional Deontológica, integrada por miembros de los sectores periodístico, académico, judicial y social. La cual emite veredictos que las partes se comprometen a cumplir ; funcionamiento autónomo de la Comisión, sin intromisiones del Estado ; y carácter público de las resoluciones que emita la Comisión.

Los méritos de la autorregulación son alentadores. La agilidad con la que una comisión deontológica puede emitir sus juicios es considerablemente más rápida que la justicia ordinaria. El valor ético-moral de los pronunciamientos está investido de un prestigio que es difícil soslayar por parte de los sancionados y pesa fuertemente sobre sus conciencias. Con tales juicios nadie puede decir que el gobierno de turno entorpece la labor de la prensa.

Una última referencia a la libertad de expresión. Si este derecho nos permite decir lo que queramos, no significa que todo lo dicho valga lo mismo. La libertad de expresión no empareja la verdad con la mentira. El derecho de expresión y el de transmisión, si son democráticos deben hermanar la libertad de expresión con la vocación por la verdad.

¿De qué formas incide el tiempo digital en estas circunstancias ? Las nuevas tecnologías son ambivalentes. Al mismo tiempo que universalizan el acceso a la palabra pública pueden convertirse en un instrumento de opacidad.

En los casos de Túnez y Egipto, tanto los medios tradicionales como las redes sociales han tenido un papel decisivo en la propagación de la información y en la coordinación de las revueltas sociales. Por un lado, los mensajes de texto, Facebook, Twitter, los blogs y el correo electrónico han permitido, como en el 2009 en Irán, la organización rápida e innovadora de convocatoria de los partidos y sindicatos. Los jóvenes primero abordan la Red y luego, en la calle, a voz en cuello, reclamaron libertad. Asimismo, Al Jazeera ha servido de catalizador para transformar un levantamiento local en un sentimiento regional. De ahí el esfuerzo inútil de los gobiernos por silenciarlos.

Paralelamente Internet, como medio de acumulación de datos sin esa labor de interpretación que es siempre selectiva, podría hacer más complejo el trabajo de supervisión que los ciudadanos deberían hacer de la política. Las informaciones surgen cuando hay observaciones y preguntas concretas. El trabajo de observar y elaborar las preguntas pertinentes no lo puede ejecutar la máquina, lo hace un periodista dotado de inteligencia, formación profesional, con visión de conjunto. Poner en la web cantidades enormes de datos no basta para hacer más inteligible la acción política, hay que interpretarlos, iluminar sus condiciones de producción, vincularlos a situaciones particulares, y ese es trabajo fundamental, porque comprender es nuestra primera tarea moral.

Si la autocrítica es enana lo que sí ha crecido es la cantidad de medios de comunicación que se complace en halagar a los gobiernos. Olvidan que cuando los medios se hacen sólo eco de lo que dice la mayoría entonces la crítica no tiene más destino que llenar el tiempo con vulgaridades incluso lingüísticas. El filósofo alemán Peter Sloterdijk recomienda “provocar a la masa que está dentro de nosotros y tomar partido contra ella”.

Hay poca percepción de la importancia de los medios de comunicación y mucha resistencia a que se constituyan instancias de regulación pública, complementarias a la autorregulación, y al nombramiento de un defensor, que son iniciativas de la prensa, distintas de la regulación ejercida por el Estado. En América Latina son escasos los diarios que tienen un defensor del lector, ni que hablar de la televisión o la radio. Y sin embargo está comprobado el valor de un actor con influencia en la orientación de la comunicación.

Mientras exista necesidad de comprensión, la labor periodística es insustituible. La profesionalización en la comunicación es la amalgama que resulta del estudio y la adopción de valores éticos que guían la acción. Es más noble la defensa de los valores universales : libertad, democracia, justicia, que el programa de un partido o un Gobierno.