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Comprender la situación económica en Venezuela

Par Jacques Sapir  |  22 de febrero de 2014     →    Versión para imprimir de este documento imprimir

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Memoria de las Luchas publica esta nota de Jacques Sapir sobre la situación económica en Venezuela. En este artículo, elaborado después de una visita a Venezuela en noviembre de 2013, el economista analiza las principales causas que los problemas actuales del país y plantea proposiciones para superarlas.

Venezuela confronta hoy en día una crisis importante económica, en una situación en la cual la burguesía no ha abandonado su objetivo de derrocar el poder bolivariano. La estabilización de la situación económica se impone, pero no bastará para resolver los problemas actuales. Por lo tanto, es preciso considerar una secuencia de medidas.

A la estabilización inmediata, que puede lograrse con medidas administrativas, se añade la necesidad de una estabilización más duradera, basada en lógicas económicas.

Pero la estabilización económica en sí misma no tiene sentido. Sólo tiene sentido si permite la instauración de un modelo de desarrollo que corresponda a los objetivos a largo plazo de la Revolución Bolivariana. Por lo tanto es en el marco de una lógica de secuencia de medidas que van del corto al largo plazo que debe leerse el presente artículo.

El gobierno venezolano enfrenta actualmente una desestabilización económica que la oposición explota políticamente, utilizando medios no-democráticos para agravar la situación económica. En esta difícil situación, el Presidente Nicolás Maduro tomó las medidas que se imponían para hacer frente a estas tentativas de desestabilización. Las medidas tomadas o anunciadas serán eficaces durante un período de uno a tres meses. Sin embargo, perderán después su eficacia provocando efectos perversos cada vez mayores. En realidad, la desestabilización macroeconómica comenzó a fines del 2012 y ofreció a la oposición el contexto de sus maniobras antidemocráticas. Si se desea quitarle a la oposición sus medios de acción, es conveniente tratar este contexto.

El cetro del problema procede de la diferencia cada vez mayor entre el cambio oficial (o « administrativo ») y el cambio llamado “de calle”. Esta diferencia, que durante un largo período era relativamente pequeña, comenzó a ampliarse desde 2010 y se convirtió en explosivo a finales de 2012. En esta situación, con una diferencia entre los dos cambios que es actualmente de 9/1, las actividades económicas se han deformado profunda y duraderamente. La especulación de agentes privados afecta a todos los sectores de la actividad y se convirtió en fuente de enriquecimiento para una pequeña minoría. El hecho de que las actividades económicas se orienten en torno a la diferencia entre los dos cambios es a la vez una razón adicional de la amplificación de esta diferencia, pues implica un aumento de los montos en bolívares que alimentan el cambio “de calle”. Todo esto conduce a la pérdida de confianza del pueblo venezolano en su moneda, con consecuencias no sólo económicas sino también políticas y sicológicas potencialmente dramáticas.

Las causas de la ampliación de la distancia entre los dos cambios pueden identificadas. Son de dos índoles. Estructuralmente, la política de crédito, impuesta por la crisis y necesaria para el desarrollo del país, condujo a un primer desliz desde el 2010. La ineficiencia de ciertas inversiones agravó el problema. Pero, coyunturalmente, la causa de la desestabilización masiva que se observa desde fines del 2012 es el financiamiento de PDVSA por el Banco Central. Debe notarse que este financiamiento era necesario dada la situación de una situación en la que PDVSA tenía que vender al cambio oficial las divisas de sus ingresos, pero tenía que pagar a proveedores que facturaban sus servicios y sus productos al cambio “de calle”. A esto se añade un comportamiento sicológico de la población, inquieta y desamparada por la enfermedad y la muerte del Presidente Chávez y que busca acumular bienes de consumo como un medio de preservar sus ahorros. La existencia misma de los dos cambios es a la vez una causa y un síntoma de la desestabilización de la economía.

 El problema se concentra entonces en la política gubernamental para controlar los tipos de cambio.

Actualmente hay que constatar la ineficacia cada vez mayor de los métodos administrativos y pasar a una política en la cual el cambio se regule por métodos indirectos. Por lo tanto sería conveniente organizar, desde principios del año 2014, un “mercado” de cambio único en el cual todos, agentes, empresas y personas privadas (por intermedio de los bancos) puedan comprar y vender bolívares y divisas. Evidentemente, será el Gobierno quien regule el tipo de cambio, sin dejarlo a las fuerzas libres del mercado (y potencialmente de la especulación) mediante intervenciones del Banco Central. Este último podrá influir en la oferta de divisas comprando vendiendo divisas (mediante la fluctuación de sus reservas en divisas), pero podrá también influir en la demanda mediante la obligación de operar a partir de una cuenta en el Banco Central e instaurando para estas cuentas un tipo de interés variable y reservas obligatorias, que encarecerán en menor o mayor grado la compra de divisas. Debe destacarse que será posible favorecer un sector (por ejemplo las importaciones de alimentos o de piezas no ensambladas y repuestos para la industria y la agricultura) fijando tipos de cambio y niveles de reservas obligatorias diferentes según el sector de actividades de la empresa. Sin embargo, no sería deseable multiplicar los regímenes especiales si se quiere conservar el control de esta política cambiaria. El cambio único será necesariamente mucho más bajo que el cambio “de calle” actual, pero más alto que el “oficial”. Acabará con el fraude y las especulaciones actuales resultado del doble cambio y que socavan la estabilidad política de la sociedad, a la vez que deforman la naturaleza de las actividades económicas, y terminará con la penuria y el contrabando, igualmente resultado del doble tipo de cambio.

En este contexto, es importante acordar compensaciones a los hogares más frágiles o aquellos que no alcanzan a cubrir sus necesidades. El cambio único implicará un alza de los precios respecto al nivel teórico de éstos con relación al cambio “oficial”. Sería conveniente instaurar un ingreso adicional, cuya monto será progresivo e inversamente proporcional al ingreso real, beneficiando así los hogares más humildes. El principio de acordar subsidios a las personas y no a los productos es un sistema que permite mayor justicia social, una especie de impuesto negativo en provecho de quienes más lo necesitan.

Para ser eficaz, este sistema implica reorganizar las instituciones existentes, reforzar el poder de las aduanas y controlar el sistema bancario. El control las transacciones de importación y exportación es importante para garantizar que no haya fraude sobre la realidad de las transacciones o la fecha en la que fueron efectuadas. Así un importador deberá adquirir divisas 24 o 48 horas antes de la operación comercial que las requiere. Un exportador debería estar obligado a ingresar las divisas 24 horas después del pago. Por estas razones la función de las Aduanas es particularmente importante. Pero es igualmente conveniente que los bancos en los que tengan sus cuentas las empresas (cuentas corrientes) y que concederán créditos (con el Banco Central) para la compra de divisas estén bajo el control del Estado a fin de garantizar la transparencia de los mecanismos bancarios. De manera general, es necesario aumentar la transparencia de las operaciones tanto aduanales como bancarias para que el control público pueda ser realmente eficaz

Esta unificación de los tipos de cambio corresponde al objetivo neta y justamente afirmado por el Presidente Nicolás Maduro de reforzar el valor del Bolívar. Es un punto importante, sobre el cual hay que destacar la lucidez del Presidente. En efecto, el debilitamiento de la moneda, producto del doble tipo de cambio, es perjudicial económica, política y socialmente. Económicamente, provoca un rechazo de la cumulación y de las inversiones en beneficio de operaciones a corto plazo y del consumo. Políticamente, la incertidumbre cada vez mayor consecuencia de la incertidumbre monetaria genera preferencias colectivas inestables y lleva al país a situarse en el campo emocional e irracional. Socialmente, está claro que el debilitamiento de la moneda tiene consecuencias diferentes según las clases sociales. Las clases populares son las más afectadas. Por ello es preciso concebir la unificación del tipo de cambio como una medida de justicia social, des estabilización política y de eficiencia económica que se manifiesta por la consolidación del Bolívar.

La desestabilización económica es también producto de una situación en la cual no hay incentivo para el ahorro. Esto tiene consecuencias evidentes en el exceso de liquidez actual. Es urgente pensar en sistemas que inciten a la población a ahorra, en particular planes de ahorro para viviendas que podrían esterilizar a corto plazo parte de la liquidez actual. Sin embargo, esto implica cuestionar el principio de la vivienda gratuita (o casi gratuita) se parece predominar actualmente en la actual política de construcción. Si no se avanza en esta dirección, la única solución sería fijar intereses muy altos para el ahorro, con un alto costo para el Estado. Se impone un sistema de alquiler prorrateado respecto al salario (de 10% a 15% del sueldo según el monto). Una parte del alquiler podría ser cancelada por adelantado mediante un ahorro por un período de 3 a 5 años, con derecho a la vivienda. Obviamente se plantea el problema de la gratuidad

La unificación del cambio plantea el problema de la reforma del sistema fiscal venezolano y del sistema de subsidios. Los dos problemas están estrechamente relacionados entre sí. El sistema actual de susidios es en realidad el negativo de un sistema fiscal. Pero es un sistema que de basa en la gratuidad o casi gratuidad de ciertos bienes, con numerosas injusticias. Cuando el consumo de un bien o de un servicio tiene poco o ningún efecto sobre los otros, es mejor subsidiar al consumidor y no el producto. Inversamente, cuando el consumo tiene efectos importantes sobre los otros (como en el caso de la salud o de la educación), la gratuitas o el subsidio del bien o del servicios se justifica plenamente. Recordemos la definición marxista del socialismo: “a cada uno según su trabajo”, que no implica la gratuidad. Es importante escoger lo que debe ser gratuito (o casi gratuito) y lo que debe ser pagado a un precio justo (el precio de costo como mínimo), aunque para ello sea preciso subsidiar a algunos consumidores. También es importante revisar a fondo el sistema fiscal. La presión fiscal es poca. Lo que significa que hay mucha distribución y poca redistribución. Pero la redistribución es necesaria si se quiere desarrollar una economía con futuro. Conviene destacar que la tasa impositiva en Rusia (cuya economía presenta similitudes con la venezolana) es de 22% a 25% del PIB, mientras en Venezuela es de 13%. Hay un margen importante, y la presión fiscal puede ser aumentada progresivamente a fin de financiar la redistribución.

La combinación de la unificación de los tipos de cambios y la consiguiente consolidación del Bolívar, la instauración de sistemas de incitación al ahorro y una reforma sustancial de la fiscalizas y del sistema de subsidios permitirían crear un contexto favorable para el desarrollo económico. El desatollo debe ser el resultado de la combinación de iniciativas privadas y públicas. Hay que relanzar, mejorando su eficacia, la política de desarrollo agrícola. Por otra parte, considerando el nivel relativamente bajo de los sueldos en Venezuela con relación a los países vecinos (debido al casi pleno empleo pero también al cambio), sería conveniente desarrollar actividades de alto (relativamente) valor añadido. Esto implica un apoyo particular a la innovación, la reforma de la educación superior y secundaria, priorizando la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de la formación de técnicos e ingenieros.
 
Fundamentalmente, el gobierno debe emprender estas reformas desde principios del año 2014. Debe anunciar la continuidad en los objetivos de la Revolución Bolivariana, pero indicando que hay que cambiar ciertos métodos. La Ley habilitante le brinda al Presidente un instrumento ideal para imponer estas reformas.





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