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FIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El último saqueo : las pensiones

Par Mireia Llobera Vila  |  22 novembre 2013     →    Version imprimable de cet article Imprimer

El sistema español de pensiones está en vías de desmantelamiento. Porque el Estado del Bienestar interesa a los mercados. Y mucho. El Estado interesa como cliente, un cliente que subcontrata servicios públicos, de los cuales tiene el monopolio. Se abre una tarta de beneficios irresistibles. Si, en los próximos años, no se logra poner a los mercados a raya, esta fórmula de cálculo puede llevar a las pensiones, verdaderamente, a la ineficiencia. Y entonces se abre un paraíso dorado para los fondos privados de inversión...

Nadie creerá que un Comité de Expertos —no de magos—en el plazo de un mes, va a garantizar la viabilidad del sistema y proporcionar los equilibrios necesarios para devolver y apuntalar la confianza ciudadana en el Sistema de protección social […] No parece razonable, que hoy, en 2013, sin considerar los efectos de las reformas hechas y por hacer, y en el peor escenario de la crisis económica, hagamos dogma de fe sobre las previsiones del 2060 para afrontar reformas hoy (2013) que contribuirán a dificultar sustancialmente el crecimiento, la creación de empleo y la salida de la crisis”.

Así describe el profesor José Luis Tortuero los trabajos desarrollados en el seno del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, del cual formó parte. Dicho Comité fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy el 21 de abril de 2013, alumbrando, cinco semanas después, un nuevo parámetro de cálculo y revalorización de las pensiones, denominado Factor de Sostenibilidad, cuya avanzadilla legislativa ha iniciado ya su tramitación parlamentaria. Este factor da un vuelco histórico a nuestro sistema de Seguridad Social y presagia un paulatino desmantelamiento del sistema público de financiación de las pensiones tal como lo hemos conocido.

El Gobierno pretende la entrada en vigor de la reforma para el 1 de enero de 2014. De modo que envió al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de ley para su tramitación urgente en diez días –el cual ha rechazado de plano la reforma– al mismo tiempo que está evacuando consultas al Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales. Tales prisas apuntan a la necesidad de cerrar la reforma cuanto antes o, quizás, de impedir el debate social en torno a una cuestión de enorme calado histórico.

Se presenta un proyecto de ley que rezuma un hedor macabro. El Factor de Sostenibilidad vincula la cuantía de la pensión de jubilación a la esperanza de vida. Es decir, la pensión de una persona se va a recortar en función de los años que se piense que va a vivir. Por otra parte, las pensiones ya no se revalorizan en función del IPC (Índice de Precios al Consumo), sino a partir de una compleja fórmula para medir la evolución de los gastos e ingresos del sistema. El cambio es sustancial. Sin un compromiso político y jurídico sobre los ingresos del sistema, el Factor de Sostenibilidad destila por los cuatro costados un potente desvalor hacia la dignidad humana, hacia el ser humano que ya no es productivo. Este deja de ser prioritario. Tal como está ahora el proyecto, sus necesidades vitales se atenderán en la medida que las finanzas lo permitan.

En tiempos de grandes incrementos de beneficios por parte del capital, y de una generación de plusvalía como no se había conocido históricamente, la cuestión no está en si hay dinero, sino en quién lo tiene. Estamos en crisis y el dinero está muy ocupado desviándose hacía los bolsillos adecuados.

Los principios –marcadamente anticonstitucionales– que vertebran esta reforma se fundan en un axioma que tiende a considerar antieconómico tanto el estatuto jurídico diferenciado de la componente humana del trabajo, como el establecimiento del trabajo como sujeto político dotado de la autonomía colectiva, pues se está llevando a cabo de espaldas a los interlocutores sociales –los cuales, todo sea dicho, hicieron un ingente esfuerzo de responsabilidad para lograr un consenso en torno a la durísima reforma de 2011.

Los derechos sociales se contemplan, nuevamente, a partir de su capacidad de generar “gastos y cargas económicas” a los operadores económicos, obviando tanto sus efectos positivos en la generación de consumo interno y en la activación económica, como su demostrada capacidad para atemperar los gravísimos efectos de la crisis.

No parece que el escenario actual sea el más propicio para lanzar una carga de profundidad a un gran número de pensiones que apenas sostienen a sus titulares y sus núcleos familiares dependientes. En este sentido, cabe recordar que el 50% de las pensiones contributivas de este país se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales y que el 27,7% tienen complementos de mínimos, al no alcanzar la cuantía mínima del sistema.

La intensa devaluación salarial que ha provocado el colapso de los mercados financieros privados está afectando gravemente al flujo de los ingresos del sistema de Seguridad Social. Sin embargo, esa interdependencia entre activos y pasivos en el sistema público no es una debilidad, sino una de sus fortalezas, pues, dicho llanamente, para que los pensionistas estén bien todos debemos estar bien. La recuperación del empleo constituye, en ese marco, un elemento primordial de sostenibilidad de todo sistema y, por tanto, un acicate político fundamental de recuperación.

Como ha puesto de relieve el profesor Tortuero, previo a cualquier compromiso de sostenibilidad, es imprescindible garantizar que, tanto los incrementos de productividad de las futuras generaciones, como los incrementos de beneficios del capital, se transfieran al sistema de pensiones.

Como ha recalcado el profesor López Gandía, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, el problema no es de demografía, sino de paro : si la economía no crece, no será viable ni el sistema público, ni el privado. Es necesario, por tanto, aumentar la tasa de actividad, especialmente la de las mujeres, incentivar las políticas de igualdad y conciliación que fomenten la natalidad, las políticas de empleo para trabajadores de mayor edad, estructurar una adecuada política de inmigración, así como suprimir las bonificaciones a la Seguridad Social que, a su juicio, no tienen ninguna utilidad.

La Memoria económica que acompaña al proyecto de ley cuantifica que la reforma supondrá una reducción del gasto de 809,6 millones de euros ya en 2014, alcanzando los 5.000 millones de euros anuales en el periodo 2019-2022. El factor con más incidencia de gasto es el de la revalorización, pues constituye el 27% de la nómina de pensiones.

A esto debe sumarse la operación de ahorro de la reforma de 2011, que retrasa la edad de jubilación a los 67 años. La ampliación de la vida activa y el aumento de cotizaciones implica un ahorro anual del 0,2 del PIB. Mientras que la reducción del gasto en pensiones y de su duración gira en torno al 1,3 del PIB. Tal ahorro de las finanzas públicas constituye una extraordinaria fuente de liquidez estatal para la banca.

La política de shock aplicada en el sur de Europa está forzando a pagar mucho más de lo razonable por nuestra deuda pública, imponiendo un precio totalmente injustificable, puesto que la oferta y la demanda se desenvuelven en términos de poder y no en términos de racionalidad de la gestión económica. Que ese flujo de liquidez deba provenir, también, de los bolsillos de los pensionistas nos sitúa en un escenario de enorme desequilibrio de poder. La ausencia de un contrapoder sindical y político frente al poder financiero transnacional está impidiendo que se alcancen soluciones de equilibrio democrático y de redistribución de la riqueza.

Los expertos han ofrecido múltiples alternativas. Las propuestas de Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid –y único miembro del Comité de Expertos que emitió un voto negativo frente al informe mayoritario– son un ejercicio de lucidez y responsabilidad en este sentido.

Sin embargo, el asalto a las pensiones que atraviesa Europa se presenta a nivel mediático como única alternativa técnica y jurídica, en una operación de desinformación que logra confundir el interés de los Estados con el de los operadores financieros, y asimilar los intereses del libre comercio de capitales a los intereses de toda la sociedad.

A la Seguridad Social se la acusa de “gravísimos problemas de sostenibilidad”. Un alarmismo un tanto interesado. El profesor Ruesga apunta la conveniencia de separar los efectos coyunturales o cíclicos de las tendencias demográficas y, en su caso, económicas, en el largo plazo. Pues los problemas comenzarían a agravarse, con las previsiones actuales a partir de 2030. Después de la reforma de 2011, la previsión de gasto en pensiones sigue estando por debajo de la media europea en 2040 e incluso, posteriormente. También refiere el profesor la necesidad de desvincular la definición del factor de sostenibilidad de las urgencias por cumplir compromisos pactados como contrapartidas al rescate financiero.

Los riesgos de sostenibilidad pueden venir, precisamente, por la aplicación de la reforma. Existen demasiadas “previsiones” sin datos indexados y variables económicas “estimadas” en las fórmulas de cálculo contenidas en el proyecto de ley. Por ello en otros países europeos se ha evitado incluir previsiones, y las referencias se relacionan con datos ya oficializados. Su aplicación es de una opacidad muy peligrosa y muy permeable a las presiones de los mercados. Lo que puede suponer la destrucción de la propia fiabilidad del sistema.

La incertidumbre sobre la pensión que se va a cobrar, a partir de la implantación de un factor que se recalcula cada cinco años, y en ausencia de un compromiso en la ley en materia de ingresos presagia un “efecto huida” hacia espacios individuales de protección, que puede tener, nuevamente, un impacto notable sobre los ingresos. La solidez del sistema de Seguridad Social residía, justamente, en la eficacia que ha demostrado el sistema público en asegurar el retorno a los ciudadanos del esfuerzo contributivo. Puesto que los trabajadores en activo son los que pagan las pensiones de los pasivos, se evita el problema del mantenimiento del valor del capital a lo largo de varias décadas. No existe inversión privada que sea tan eficaz a la hora de mantener el valor del dinero, frente a los efectos de la inflación, que la solidaridad intergeneracional. Los sistemas financieros privados de capitalización están en una clarísima desventaja.

Pero ahora, la banca, en un momento culminante de poder, ha encontrado el momento idóneo para asestar un golpe de gracia a su competidor más importante : el Estado.

Llevamos ya varios años de asedio financiero. Se ha abierto una etapa de neocolonialismo de la modernidad y Europa promete unos mercados sin igual. Son unos atractivos nuevos mercados en el sector terciario, un sector con un enorme potencial, que ahora alcanza ya en torno al 70% de la economía europea, y que no tienen parangón en el resto del mundo. El Estado del Bienestar que se instauró en Europa interesa a los mercados, y mucho. El Estado interesa como cliente, un cliente que subcontrata servicios públicos, de los cuales tiene el monopolio. Se abre una tarta de beneficios irresistibles.

Si en los próximos años no se logra poner a los mercados a raya, esta fórmula de cálculo puede llevar a las pensiones verdaderamente a la ineficiencia. Y entonces se abre un paraíso dorado para los fondos privados de inversión.

Para la Comisión Europea es imprescindible favorecer los fondos privados “dentro del sistema global de pensiones de los Estados miembros, para contribuir así a la reducción del coste de las pensiones”. En este sentido, los planes de ahorro complementarios de jubilación deben desempeñar un papel cada vez más importante “a la hora de garantizar la futura adecuación de las pensiones”.

Una vez más, las instituciones comunitarias siguen dándonos lecciones de cómo se tiene que regular la economía pese al estrepitoso fracaso de sus recetas, pues fue precisamente el sector financiero quien se situó a la cabeza del proceso de liberalización y desregulación de los servicios, tanto en el marco de la UE, como de la OMC, lo que ha desembocado en la feroz crisis actual.

Otros países nos han precedido en la crisis de deuda soberana, de forma que podemos comprender nuestro propio proceso de claudicación. La deuda externa, con la complicidad de fuerzas internas conservadoras, ha sido uno de los mecanismos fundamentales para desregular la economía de la periferia económica mundial. El mismo patriotismo que defiende en el exterior “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” no muestra pudor alguno en aceptar un papel protagonista como correa de transmisión del saqueo financiero del Estado social instaurado por esa misma Constitución. Reforma tras reforma, han hecho de nuestra economía, una economía cautiva, colaborando y consintiendo el constante quebranto de nuestra soberanía económica y política. Puede que la oligarquía patriótica de nuestro país logre contener el secesionismo catalán. Quedando, sin embargo, para la historia, su fundamental contribución en esquilmar los recursos del país, y en la fundación de una nueva España, satélite de los países fuertes de Europa.

La Seguridad Social es el gran invento financiero del siglo XX. La Seguridad Social constituye un sistema financiero público que hace la competencia, de forma incontestable, a la banca privada. La Seguridad Social es un ingente caudal de capital blindado frente a los mercados. La educación, la salud, la protección social en momentos vitales transcendentales para el ser humano valen demasiado para ponerles precio. Como el resto de los servicios públicos, la Seguridad Social pertenece al espacio de ciudadanía en el que los intercambios económicos están vedados. Algo insoportable para los mercados. Pero que los ciudadanos están dispuestos a defender.





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