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¿Querrá el Congreso estadounidense aceptar un quincuagésimo primer Estado ?

En Puerto Rico, un sí por un no

Par James Cohen  |  4 mai 2013     →    Version imprimable de cet article Imprimer

Después de que fuera rechazada en tres ocasiones (en 1967, 1993 y 1998), los habitantes de la isla aprobaron finalmente la integración de Puerto Rico en Estados Unidos, mediante un referéndum cuya formulación lanza la duda sobre las intenciones reales de los votantes.

¿Eligieron los puertorriqueños transformar su isla en el Estado número 51 de la Unión Federal estadounidense ? Para Luis Fortuño, quien era gobernador en ejercicio y líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) al momento del referéndum del 6 de noviembre de 2012, la respuesta casi no deja lugar a dudas : puesto que más del 61% de los electores votó por la incorporación a Estados Unidos –explica al unísono con varios medios de comunicación–, estos expresaron un “claro rechazo a la continuidad del estatuto territorial actual” y apoyaron “la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión” (1).

Sin embargo, el resultado del referéndum es menos evidente de lo que parece. La primera pregunta se refería al mantenimiento del estatuto actual. El 53,97% de los 1.798.987 votantes respondió negativamente : es la primera vez desde su creación, en 1952, que el Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos sufre este tipo de afrenta. La segunda pregunta, claramente más ambigua, ofrecía a los puertorriqueños optar entre tres posibilidades : la incorporación a Estados Unidos (o “estadidad”), la independencia nacional o una forma de Estado asociado descrito como “soberano”. El ELA como tal no estaba presente. Por eso, muchos de los partidarios del estatuto existente protestaron votando en blanco, sin que fueran contabilizadas sus 498.000 papeletas. Si hubieran sido incluidos en el cálculo, esos votos habrían representado el 26,5% de los sufragios. De ese modo, el resultado de la incorporación habría pasado del 61% al 44% : menos que el 46% dos veces registrado en los referéndos de 1993 y 1998 (2). La opción “Estado asociado soberano” tuvo la aceptación del 24,2% de los electores, mientras que la independencia apenas recibió el 3,98% de los votos.

A pesar de su muy modesto resultado, los independentistas se alegran con el rechazo del ELA, que interpretan como el comienzo de un proceso de “descolonización”, ciento quince años después de que Estados Unidos conquistara la isla. Para Fernando Martín García, abogado y líder histórico del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) –uno de los artífices del referéndum tras bambalinas–, el “no” a la primera pregunta es una excelente noticia, sobre todo porque la incorporación no constituye un peligro real : el Congreso de Estados Unidos, que debe pronunciarse en los próximos meses, parece tener toda la intención de denegarla. En efecto, los legisladores, en particular los más volcados hacia la derecha, no se muestran en absoluto entusiastas con la idea de recibir en la bandera estrellada a un Estado pobre (el 45% de sus habitantes vive por debajo del umbral de pobreza) e hispanohablante, que seguramente sería representado en el Congreso por los demócratas.

El Partido Popular Democrático (PPD), feroz defensor del ELA y opositor histórico del PNP, se consoló de su derrota en el referéndum con su estrecha victoria en las elecciones generales organizadas el mismo día. Además de instalar a su joven líder, Alejandro García Padilla, en el cargo de gobernador, retomó el control de las dos cámaras legislativas. Sólo el cargo de Comisionado residente en Washington, ocupado por Pedro Pierluisi, permanece en manos del PNP. Pero, para oponerse a la influencia de este partidario de la incorporación, el PPD puede contar con el Prime Policy Group, un lobby cercano a los republicanos cuyos servicios contrata por la módica suma de 50.000 dólares mensuales.

La derrota del PNP muestra que los debates sobre el estatuto de la isla no lograron eclipsar el descontento que provoca el gobierno desde que comenzó la crisis. En efecto, Fortuño, admirador de Ronald Reagan, cristalizó la bronca popular al hacer que se adoptara, ya en marzo de 2009, la “ley 7” sobre el “estado de emergencia fiscal”, que terminó en el despido de treinta mil empleados públicos –más del 14% de la plantilla total– y desencadenó una huelga general. Los enfrentamientos dentro de la universidad pública de Puerto Rico también contribuyeron a empañar la imagen del PNP : con el fin de imponer un aumento de 800 dólares a la matrícula, el Gobierno había ordenado, a finales de 2010, que el campus de Río Piedras fuera ocupado por la policía, que en ese entonces fue acusada de numerosos actos de violencia (3).

El nuevo gobernador, Alejandro García Padilla, en el cargo desde el 2 de enero de 2013, rápidamente intentó despegarse de su predecesor. En su discurso de asunción, halagó su apego a la educación, la salud, el bienestar social, antes de apelar al “coraje” del pueblo puertorriqueño para enfrentarse a “la desocupación, la deuda pública [...], la degradación sin precedentes de nuestro crédito, las angustiantes cifras de la criminalidad y la fragmentación social” (4). En una entrevista nos manifiesta que apoyó “la cercanía con [François] Hollande” frente a “la cercanía con [Angela] Merkel”… Pero el distanciamiento sigue siendo ante todo retórico y la mayor parte de las ambiciones progresistas del PPD, organización fundada en la década de 1930 durante el New Deal, se evaporaron. Con el aumento de la edad de jubilación de los empleados públicos so pretexto del agravamiento de la deuda pública, García Padilla se instaló desde el comienzo tras los pasos de su predecesor.

A comienzos de 2013, la deuda de la isla alcanzaba los 67.000 millones de dólares, con un servicio anual de 4.000 millones de dólares de intereses. A finales del último año, tras el agotamiento del plan de recuperación de la Administración de Obama (el American Recovery and Reinvestment Act, por un valor de 7.000 millones de dólares), el ELA de Puerto Rico evitó a última hora una situación de falta de pago de los salarios de los empleados públicos (5). Las agencias de calificación entonces bajaron las calificaciones de los bonos del Tesoro puertorriqueño, evitándoles por poco que fueran clasificados como “bonos basura”.

Sin embargo, la situación social necesitaría una intervención pública de gran alcance : la tasa de desocupación, que alcanzó el 16,5% en el peor momento de la recesión, se situaba a comienzos de 2013 en el 13,8%. Más inquietante aun : Puerto Rico muestra una tasa de actividad particularmente baja : menos del 40%, frente al 63% de Estados Unidos. Con un ingreso promedio (6) por familia de 20.425 dólares –frente a los 58.526 dólares en los cincuenta Estados de la Unión–, en caso de incorporación sería, y por mucho, el Estado más pobre de Estados Unidos, aunque no dejaría de ser mucho más rica que las repúblicas caribeñas vecinas. No tanto por su aparato productivo sino por el apoyo financiero de Washington : los “fondos federales”, que en 2010 se establecieron en 17.200 millones de dólares, protegen a los habitantes del ELA de una miseria más radical, al tiempo que refuerzan los vínculos de dependencia.

Para huir de la depresión económica, muchos puertorriqueños de todas las condiciones sociales se fueron a vivir al continente. Entre 2000 y 2010, la población pasó de 3,8 a 3,72 millones de habitantes (7), y tal vez menos : confesando un posible error de cálculo, el servicio de censos indica que los inmigrantes podrían ser tres o cuatro veces más numerosos (8). Desde 2009, y por primera vez, se cuentan más personas de origen puertorriqueño en el continente que en la isla.

Todos estos son síntomas de la dependencia histórica de la economía puertorriqueña respecto de la estadounidense. Implementado en la década de 1950, el modelo de industrialización “por invitación” –un sistema de incentivos fiscales para las empresas estadounidenses– se debilitó rápidamente, antes de ser eliminado progresivamente entre 1996 y 2006. Los empleos y el tejido industrial creados en este marco no bastaron para impedir el éxodo de los puertorriqueños. Al permitir que las empresas sustrajeran sus ganancias a los circuitos económicos del país, el modelo nunca generó una dinámica autónoma de desarrollo. El economista James Tobin observaba, ya en 1975 –y la prueba sigue siendo válida–, la excepcional brecha entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico, es decir, entre el ingreso generado en la isla y el ingreso de sus habitantes (9).

Es poco probable que esta brecha se reduzca en los próximos años. Aquí, las diferencias crecen día a día según las opciones estatutarias, confundiendo los aspectos económicos y sociales. Por tanto, apenas sorprende que Pierluisi, demócrata y ferviente defensor de la Administración de Obama, suceda a la cabeza del PNP a Fortuño, claramente cercano a los republicanos del Tea Party. Ambos están a favor de la incorporación…

 

NOTAS :

(1) El Nuevo Día, San Juan, 14 de noviembre de 2012.

(2) Véase James Cohen, “Porto Rico toujours en quête d’un statut” y “Consenso imposible en Puerto Rico”, Le Monde diplomatique, marzo de 1992 y abril de 1999 respectivamente.

(3) Cf. Víctor M. Rodríguez Domínguez, “Partisan politics, neo-liberalism, and struggle for democracy and public education in Puerto Rico”, 4 de abril de 2011, www.dissidentvoice.org.

(4) “Discurso íntegro del gobernador Alejandro García Padilla”, 2 de enero de 2013, www.primerahora.com.

(5) “Enero luce complicado”, El Nuevo Día, 30 de diciembre de 2012.

(6) Que separa la población en dos mitades iguales, donde una percibe más y la otra, menos.

(7) “Población de una década perdida”, El Nuevo Día, 3 de enero de 2011.

(8) “Somos menos”, El Nuevo Día, 24 de agosto de 2012.

(9) César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano : su historia desde 1898, Callejón, San Juan, 2011.





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