En la esfera financiera, al igual que en las demás, los dirigentes políticos y los medios son quienes, a través de una selección de los datos fácticos disponibles, hacen acceder éstos al estatus de “problemas”. Al mismo tiempo delimitan unilateralmente y por adelantado sus “soluciones”. El tema de la deuda pública constituye el caso típico de esta forma de zanjar un debate antes de que se produzca.

Primer tiempo de la manipulación: en una atmósfera cercana al pánico, el asunto se erige en tema de preocupación casi obsesiva. Es lo que ocurre, desde mayo de 2010, en la Unión Europea (UE) con la puesta en marcha del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; y también desde hace poco, en Estados Unidos. Segundo tiempo: en la zona euro se promueve una solución de una sencillez bíblica. La cual consiste en afirmar que, para reducir los déficits, hay que recortar masivamente el gasto público y privatizar todo lo que pueda privatizarse. Y ello además, cualesquiera sean las divergencias entre gobiernos de la UE, y entre algunos de ellos (Alemania, Países Bajos) y el Banco Central Europeo (BCE) respecto a la necesidad o no de una “reestructuración” - es decir, de una anulación aunque sea parcial – de las deudas soberanas o de una contribución obligatoria de los bancos que han obtenido beneficios colosales especulando con esas mismas deudas.

El simple sentido común nos enseña sin embargo que un déficit sólo representa la diferencia entre ingresos y gastos. Esta diferencia puede sin duda cubrirse disminuyendo los gastos, pero puede igualmente cubrirse aumentando los ingresos fiscales. No obstante, esta última solución sólo se menciona de forma marginal, pues cuestionaría las políticas neoliberales aplicadas desde hace tres décadas por los gobiernos, ya sean de izquierdas o de derechas. Esas políticas han desembocado en una disminución de la participación de las rentas del trabajo en la riqueza producida y el aumento aún mayor de las rentas del capital. En otras palabras: han agravado las desigualdades en el mundo entero. 

De 1982 a 2005, la participación del 1% más rico en la totalidad de los ingresos pasó de 8,4% a 18,3% en Estados Unidos, y de 6,9% a 14,3% en el Reino Unido. En la zona euro, las cifras son menos espectaculares, pero igualmente significativas: de 9,4% a 11,1 % en Alemania; de 7,1% a 8,2% en Francia (1). Esta impresionante transferencia de la riqueza en beneficio de quienes ya eran privilegiados se produjo a través de la reducción constante de los impuestos a los ingresos más altos y a las ganancias de las empresas, que por otra parte, a menudo, están camufladas en paraísos fiscales. Los déficits presupuestarios ocasionados por la deliberada insuficiencia de dichos ingresos fiscales permiten a los más ricos ganar en los dos tableros: por un lado, pagan menos impuestos; y por otro, gracias al ahorro que realizan de esta forma, pueden adquirir títulos de deuda pública cuyos intereses pagan los contribuyentes.

Los déficits públicos podrían cubrirse fácilmente mediante una serie de medidas sencillas: imposición de las rentas del capital al mismo nivel que los ingresos del trabajo; serio combate al fraude fiscal; imposición a todas las transacciones financieras; prohibición a cualquier movimiento financiero con los paraísos fiscales; imposición a productos y servicios procedentes de países que no respeten las normas sociales y medioambientales mínimas. Siempre se puede soñar con una Cumbre Europea que tome esas decisiones.… 

(1) Michel Husson, “Les inégalités à l’échelle mondiale”, Chronique Internationale de l’IRES, Nº 130, mayo 2011.