Cinco campesinos paraguayos en grave peligro

El 15 de junio de 2012, se produjo en Curuguaty un supuesto enfrentamiento entre campesinos y policías que dejó 17 muertos y sirvió de pretexto a la “destitución express” del presidente Fernando Lugo. Acusados, inculpados y encarcelados cinco campesinos “sin tierra” proclaman su inocencia y desde el 14 de febrero han iniciado una huelga de hambre indefinida. Transcurridos ya casi dos meses, sus estados de salud generan serias preocupaciones.

Se llama Juana evangelista Martínez. Tiene seis hijos. La mayor tiene doce años, el más pequeño cinco. A veces llora porque no tiene nada para alimentarlos. No tiene tierra, le han prestado una casa. Susurra: “Yo solo puedo lavar ropa para ganar unos centavos.” Le falta su marido. Se llamaba Arnaldo Ruiz Díaz y fue muerto por la policía el 15 de junio de 2012, a pocos kilómetros de Curuguaty, al norte de Asunción, la capital del país. En aquel momento el drama conmocionó al Paraguay. Y esa causa: sirvió de pretexto para derrocar al presidente de centro-izquierda Fernando Lugo.

Recordando los hechos: en dicho país de 6,7 millones de habitantes, algo así como trescientas mil familias no tienen acceso a la tierra. En aquel lugar llamado Marina Cue, unos sesenta campesinos ocupaban 1089 hectáreas que les usurpara el terrateniente y político Blas N. Riquelme, ex presidente del Partido Colorado [1]. El 4 de octubre de 2004, el presidente Nicanor Duarte firmó el decreto n° 3532 declarando esas tierras “de interés social” y las transfirió al Instituto Nacional de Desarrollo Social y Tierras (INDERT), organismo encargado de la reforma agraria – como todo el mundo sabe. Algo que está muy bien en teoría. Pero eso no impidió que ese famoso 15 de junio de 2012, trescientos veinticuatro miembros de las fuerzas del orden con armas pesadas, irrumpieran en el campamento en que se habían instalado, con el objeto de desalojar a sus ocupantes. En circunstancias nunca dilucidadas se produjo un tiroteo. Todos entraron en pánico. Se lamentó la muerte de diecisiete personas – once campesinos, seis policías.

“Ninguno de nosotros había tenido nunca problemas con la justicia”, nos decía hace unos meses Martina Paredes, que, ese maldito día, perdió a sus dos hermanos Fermín y Luis. “Nadie tenía armas de guerra. Había algunas escopetas de caza, porque no tenemos dinero para comprar carne. No sirven para atravesar los chalecos antibalas de un policía”

Primera consecuencia: acusado de haber atizado la violencia contra los terratenientes, el presidente Lugo, cuya política disgustaba a los poderosos, fue destituido, luego de un “juicio político” que solo duró veinticuatro horas. Según el artículo 225 de la Constitución debió haber dispuesto de cinco días para organizar su defensa [2]. Este tipo de prácticas se denomina “golpe de estado”.

Segunda consecuencia: declarando que no puede precisar “a quién pertenece la finca conocida con el nombre de Marina Cue ni quién disparó a los policías”, el procurador Jalil Rachid hizo detener a doce campesinos. Cinco fueron encarcelados y, luego de una huelga de hambre de sesenta días, a los otros siete – incluyendo a dos mujeres encintas – les fue otorgado el “beneficio” de detención domiciliaria.

Tercera consecuencia: seis meses luego de la masacre el dirigente Vidal Vega fue asesinado por sicarios enmascarados. “Estaba realizando una investigación paralela – afirma una de sus compañeras – era muy valiente. Conocía a muchas personas, a muchos matones que trabajaban para Riquelme y había mencionado a menudo que daría testimonio de lo que sabía.” Según él, serían “infiltrados” los que desencadenaron el tiroteo, disparando al mismo tiempo contra los campesinos y contra la policía.

De acuerdo con Hugo Richert, ex ministro de Acción social del gobierno de Lugo “el episodio pudo haber sido preparado como para contar con un motivo perfecto para destituir al presidente. Y a pesar de la presión ciudadana, el procurador solo ha investigado en una única dirección: según él los campesinos tendieron una emboscada a los policías" Sin embargo, nadie se preocupó por sus once víctimas.

Múltiples irregularidades han enturbiado la investigación. Un helicóptero de la policía sobrevoló el lugar durante los acontecimientos: el video grabado desde el aire ha desaparecido misteriosamente. No han sido realizados ningún peritaje ni ninguna investigación balística para determinar quién pudo matar a los seis policías. Por el contrario, las cápsulas servidas de armas automáticas recogidas en los lugares del drama prueba que las víctimas pertenecientes a las fuerzas del orden no pueden ser imputadas en modo alguno a las armas obsoletas de los campesinos. Del mismo modo, un fusil Maverick calibre 12 robado a un ex militar algunos días más tarde y que nada tuvo que ver con el tiroteo fue agregado al conjunto de elementos considerados como prueba de la culpabilidad de los “sin tierra”. Finalmente, el 8 de octubre , la juez Janine Rios autorizó al procurador Rachid a contabilizar en pérdidas y ganancias seis cajas de pruebas que había, lamentablemente, olvidado de agregar a los demás elementos a investigar.

El 20 de marzo último, la bancada del Partido demócrata progresista (PDP) [3] presentó en el Senado una serie de fotografías de campesinos muertos y…esposados, víctimas evidentes de ejecuciones sumarias. De acuerdo con los registros fotográficos, podría tratarse de siete hombres, de los cuales Avelino Espínola, Adolfo Castro, De los Santos Agüero, Ricardo Frutos y Andrés Riveros.

Resulta evidente que la justicia se ensaña con las familias campesinas. Allí donde las casuchas con techos de chapa y los bananeros bordean un sendero casi intransitable, sobrevive penosamente Mariano Castro a quién se le murió un hijo y otros dos fueron encarcelados. En compañía de Martina Paredes y otro vecino, Domingo Noguera, miembros todos de la Comisión de las familias y de las víctimas de la masacre de Curuguaty, nos explicaba: “Aqui viven desde hace veinte años unas trescientas familias. Según el INDERT, esta tierra tiene un dueño, cierto Gustavo Ramón Vérez, pero es un perseguido de la justicia y ha desaparecido. De modo que hemos “recuperado” el lugar pero no tenemos títulos de propiedad y eso nos preocupa. Puede pasar cualquier cosa. Es por eso que fuimos a buscar tierras a Marina Cue, a un kilómetro de aquí”

La fórmula “lo peor nunca está seguro” no se aplica en el Paraguay. Mientras que estos desheredados viven de ocho hectáreas cultivadas colectivamente, el juez de Curuguaty, José Benitez, efectivamente ordenó el 5 de febrero el arresto de esos tres campesinos denunciados por “invasión a la propiedad privada” “Es un intento de decapitar al grupo para atemorizar a la gente”, se indigna Paredes luego de haber comparecido ante el juez. Debido a la sarta de protestas que desencadenó su decisión, el juez ha dado marcha atrás, pero apenas medio paso: acordándoles una medida alternativa a la cárcel, les ha prohibido salir del país, acercarse a las tierras en disputa, cambiar de domicilio sin autorización y les pidió una caución de 60 millones de guaraníes (9 600 euros). Para ellos toda una fortuna.

Quedan cinco hombres – Adalberto Castro, Felipe Balmori, Rubén Villalba, Arnaldo Quintana y Néstor Catro – proclamando su inocencia desde las celdas de la cárcel de Tacumbú. El 14 de febrero, ante la inercia de la justicia y de los poderes públicos, comenzaron una huelga de hambre indefinida para reclamar su libertad, la recuperación de las tierras de Marina Cué y el fin de la persecución de las luchas campesinas. “Estamos presos, argumentan, sin que la fiscalía haya presentado una sola prueba seria que demuestre nuestra culpabilidad.” El poder hace oídos sordos. En estado cada vez más precario, en extremo debilitados, imposibilitados de desplazarse, los cinco campesinos que han perdido entre diez y quince kilos cada uno han sido trasladados al Hospital militar de Asunción. El 8 de abril, luego de una velada de oración organizada en la catedral, una manifestación de alrededor de mil personas reclamó la liberación de los cinco. Sin ningún resultado. El 9 de abril, en el quincuagésimo cuarto día de la huelga de hambre, el tribunal de Salto del Guairá presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya, rechazó el pedido de prisión domiciliaria que reclama la defensa, estimando que “no hay ningún nuevo elemento” que legitime el otorgamiento de esa medida, que “los signos vitales de los detenidos son normales”, “que están lúcidos” y que reciben atención médica.

En una carta manuscrita dada a publicidad el 1° de abril, los inculpados habían anunciado su decisión de no poner término a su decisión, precisando: “Si uno de nosotros muere, el Estado paraguayo y la familia Riquelme serán los responsables ante el pueblo y ante la Historia.”El juicio está teóricamente previsto para el 26 de junio. ¿Sobrevivirán hasta entonces?

Juana Evangelista Martinez et ses six enfants.