Primera presidenta de izquierda de Honduras, elegida en 2021 bajo los colores del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro verá su mandato concluir el 27 de enero de 2026. Las elecciones presidenciales, en las que la Constitución le prohíbe presentarse nuevamente, tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre (al mismo tiempo que los comicios legislativos y municipales). Según el sistema de «resultados preliminares», y por tanto no oficiales, del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos candidatos de derecha, Nasry Asfura (Partido Nacional; PN) y Salvador Nasralla (Partido Liberal; PL), se encontraron durante nueve largos días codo a codo (cada uno con alrededor del 40 % de los votos). Al término de un proceso particularmente caótico, debido a supuestas «fallas técnicas», una victoria casi segura (pero aún «preliminar») de Asfura, con el 40,52 % de los sufragios, fue anunciada el 9 de diciembre, mientras que Nasralla obtenía apenas el 39,20 %.
La votación quedó manchada y manipulada por la burda injerencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó a Honduras con represalias si otro candidato distinto de «su protegido» –Nasry Asfura– llegaba a imponerse.
Relegada muy lejos en tercera posición, con un resultado tan bajo que objetivamente carece de credibilidad (menos del 20 %), la candidata de izquierda Rixi Moncada denuncia un golpe de Estado electoral y, al igual que su partido LIBRE, se niega a reconocer el resultado.
Un epílogo provisional de este tipo no resulta sorprendente. En los últimos meses, las manipulaciones urdidas por lo que en Honduras se denomina el bipartidismo (PN–PL) y sus aliados internacionales han sembrado profundas dudas sobre la regularidad de las elecciones que se avecinaban. A continuación, los hechos permiten juzgarlo…
«Casa Presidencial», Tegucigalpa, pasado 1º de mayo. «Van a intentar todo para retomar el poder. ¡Incluso quieren impedir las elecciones del 30 de noviembre [1] !» La frase es lanzada por Manuel Zelaya, expresidente progresista derrocado en junio de 2009 por un golpe de Estado. Se refiere a los dirigentes de derecha (los mismos de 2009, con contadas excepciones). Zelaya fue premonitorio, siete meses antes del comicio. Su esposa, Xiomara Castro, ocupa la presidencia desde el 27 de enero de 2022. Su victoria fue precedida por doce años y siete meses de régimen autoritario, liderado por dos jefes de Estado provenientes del PN: Porfirio Lobo y, sobre todo, Juan Orlando Hernández, conocido familiarmente como «JOH». Para la izquierda, fueron doce años y siete meses de resistencia –sin recurrir jamás a la violencia– hasta llegar a esa alternancia histórica. Por primera vez, la persona electa no provenía de una de las dos familias políticas tradicionales, PN y PL (responsables conjuntos del derrocamiento de Zelaya).
- Xiomara Castro (en rouge) avec la présidente mexicaine Claudia Scheinbaum
«Refundar Honduras», tal es la consigna tras el acceso de «Xiomara» a la presidencia a comienzos de 2022. Le siguen cuatro años de una política de centroizquierda que puede calificarse de coronada por avances sociales sustanciales [2].
Nacido como reacción al golpe de Estado de 2009, Libertad y Refundación (LIBRE), el partido de Zelaya y Castro, presenta a una dirigente de confianza, Rixi Moncada, para tomar el relevo. Al evocar a esta última, el vicecanciller Gerardo Torres nos formula también, en mayo, un pronóstico al estilo Zelaya: «El gobierno de Rixi será mucho más eficaz, aún más socialista, porque ahora tenemos más experiencia. Pero ya nos han visto actuar, nos conocen. Van a ir con todo. Será más delicado ganar.»
Este 30 de noviembre se trata de elecciones generales: un(a) jefe(a) de Estado para el período 2026-2030, 128 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes, 2.168 regidores municipales. Como es natural, el enfrentamiento por la presidencia acapara la atención. De los cinco candidatos surgidos de las primarias, tres ocupan el primer plano.
Rixi Moncada. Abogada. Ministra (de Trabajo) y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el mandato truncado de Zelaya. Miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), ministra de Finanzas y luego de Defensa bajo Xiomara Castro. Entre estos cargos, Moncada se vio obligada al exilio, perseguida judicialmente. Fue una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), del cual emergió LIBRE en 2012. Como ministra de Finanzas, al inicio del mandato de «Xiomara», le correspondió anunciar que la izquierda heredaba un Estado en bancarrota con «cifras manipuladas, signos de corrupción, instituciones naufragadas». Con la mirada puesta en el futuro, Moncada nos confía: «Fui ampliamente elegida en las primarias y esa fuerza la encarnó ahora. Con el peso de la experiencia y la resistencia de quince años, vamos a hacer avanzar el proyecto político a favor de la gran mayoría. De manera pacífica, a través de un socialismo democrático, profundizaremos el proceso de cambio.»
- Rixi Moncada en campagne (ML)
Popularmente llamado «Papi a la orden»: Nasry «Tito» Asfura. Candidato del Partido Nacional (PN). Poderoso empresario del sector de la construcción. Exdiputado, dos veces alcalde de Tegucigalpa (hasta 2022). En 2012, Asfura figura en un lugar destacado entre los titulares de cuentas en paraísos fiscales señalados en los «Pandora Papers». A los hondureños les propone, nada menos, orden, trabajo y estabilidad. Un escollo, sin embargo: el PN es el partido del expresidente Juan Orlando Hernández. Gran servidor de Estados Unidos durante sus ocho años de poder (2014-2022), este último fue alcanzado por su propia estela una vez que dejó de ser útil, al término de su segundo mandato. Tras solicitar y obtener su extradición, sus exaliados y protectores estadounidenses lo condenaron a 45 años de prisión por narcotráfico y crimen organizado. En términos de credibilidad, al PN le cuesta recuperarse de semejante indignidad.
- Nasry Asfura et Juan Orlando Hernández
Salvador Nasralla. Empresario, antes periodista deportivo y presentador de «Miss Honduras» en la televisión. Más camaleón que hombre político –del tipo «los abandonaré en cuanto me convenga». Candidato a la presidencia en 2013 por el Partido Anticorrupción (PAC), que él mismo creó en 2011 (y del cual será posteriormente expulsado); nuevamente candidato en 2017 en el marco de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, en coalición con LIBRE, que, para ampliar su base electoral, decidió no presentarse ; fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH), que abandona en 2021 para aliarse de nuevo con LIBRE y Xiomara Castro, de cuyo gobierno, tras la victoria, se convertirá en «designado presidencial» (función que se asemeja, sin tener sus prerrogativas, a la de un vicepresidente). De inmediato en disidencia, debido al establecimiento de relaciones diplomatiques avec China en detrimento de Taiwán, Nasralla termina rompiendo y se convierte en la figura de vitrina del Partido Liberal (PL), que aún no había ensayado.
Nasralla defiende la inversión privada y las alianzas internacionales, en primer lugar con Estados Unidos. En este sentido, permanece fiel a una observación extraída de una entrevista que realizó en 1984 al general chileno Augusto Pinochet (y que nadie aceptó publicar entonces). Aunque más tarde precisó prudentemente, hablando del dictador: «No lo admiro; no sé si es una leyenda o la realidad, pero se dicen muchas cosas con las que no estoy de acuerdo», no dejó de añadir: «Lo que sí puedo decirle es que, durante mi estadía en Chile, pude observar una transformación notable: de un país pobre donde la gente hacía fila para todo, llegó a convertirse en una potencia económica de América Latina gracias a las medidas económicas que él [Pinochet] tomó.»
Durante mucho tiempo, Nasralla fue considerado el favorito de la «embajada» y de Washington, hasta que, en el último momento, como un elefante irrumpiendo en una cristalería, un tal Donald Trump, como veremos, sembró la confusión al condenarlo abiertamente (pero no a causa de Pinochet).
- Salvador Nasralla et le général Augusto Pinochet
Más allá de logros indiscutibles, el Honduras de Xiomara Castro no es perfecto. Se reprocha al gobierno cierto nepotismo: el número de miembros de la familia Zelaya que ocupan altos cargos políticos o gubernamentales resulta, de hecho, impresionante. A causa de una inseguridad ciertamente en retroceso, pero aún no controlada, el país pasa de estado de excepción en estado de excepción. Mientras el gobierno de «JOH» había expulsado una Misión de lucha contra la corrupción (MACCIH) establecida por la Organización de Estados Americanos (OEA), Xiomara Castro se comprometió, durante la campaña electoral, a facilitar la creación de una Comisión de la ONU contra la corrupción (CICIH). La promesa no se ha cumplido.
En junio de 2025, a raíz de escuchas telefónicas privadas, la diputada de LIBRE por el departamento de Copán, Isis Cuéllar, saltó a los titulares. De una conversación con el ministro que dirigía la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), José Carlos Cardona, surgió que fondos de esta institución habían sido utilizados indebidamente con fines de campaña política. Cerca de ochenta diputados –entre ellos una mayoría de LIBRE– estarían implicados. No obstante, la respuesta fue inmediata: Cardona tuvo que presentar su dimisión, Isis Cuéllar fue suspendida y el Sedesol retomado firmemente en mano.
Una evolución evidente, si se comparan estos hechos con los doce años de gobierno del Partido Nacional que los precedieron. ¿Quién no recuerda aquí el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), descubierto en 2014? ¡Trescientos millones de dólares desviados, en detrimento de la salud pública, y que terminaron en manos inapropiadas! ¿Quién ha olvidado la penetración del narcotráfico en el país y las complicidades que lo acompañaron al más alto nivel?
De lo que se habla hoy en los periódicos es, entre otras cosas, de una Ley de Justicia Fiscal ya en preparación y que Rixi Moncada pretende llevar a término si resulta electa. En vista de las futuras elecciones presidenciales, LIBRE conserva así un sólido apoyo popular. Una situación problemática, vista desde una clase dominante poco acostumbrada a pagar impuestos y a respetar la democracia.
- Honduras en 2025 (ML)
Una de las hipótesis que varios responsables de LIBRE –empezando por Manuel Zelaya– mencionaron ante nosotros en mayo tenía de qué sorprender: la oposición podría intentar impedir la celebración de las elecciones o, en su defecto, hacerlas invalidar. La explicación de un escenario de este tipo era la siguiente: considerando probable una victoria de Rixi Moncada, un segundo mandato presidencial permitiría a la izquierda consolidarse en el poder. La derecha, en cambio, tras su derrota de 2021 y el impacto del caso «JOH», necesita tiempo para continuar reorganizándose. De ahí el interés por una etapa de caos, atribuible a una supuesta gestión errática o incluso autoritaria de LIBRE, antes que una nueva elección perdida. Salvo, por supuesto, que se garantice la victoria, cualesquiera sean los medios utilizados.
La primera de las «cáscaras de banano» lanzadas por la derecha tiene lugar con ocasión de las primarias, el 9 de marzo de 2025. Estas permiten que Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla emerjan como líderes de sus respectivos partidos. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), al término de este escrutinio considerado secundario por muchos ciudadanos, el PN reúne el mayor número de votantes (825.205), por delante de LIBRE (727.783) y del PL (656.645). No obstante, a título individual, es Moncada quien obtiene la mayor cantidad de votos (674.215), por delante de Asfura (625.870) y Nasralla (381.063). De ahí que, según el sesgo de cada quien, haya dos interpretaciones posibles: «el Partido Nacional marcha en cabeza» o «Rixi es la favorita» de la próxima elección.
De ahí no proviene, sin embargo, la intensa polémica que siguió. En Tegucigalpa y San Pedro Sula (la capital económica), la consulta estuvo marcada por una seria confusión. Debido a anomalías en la entrega del material electoral, algunos centros de votación abrieron con un retraso considerable —más de doce horas en ciertos casos—. El episodio desató una tormenta política. A través de su presidenta Cossette López, representante del PN en el organismo, el CNE señaló de inmediato a las Fuerzas Armadas (FAH) y a quien era entonces ministra de Defensa, Rixi Moncada.
En 2009, el ejército estuvo directamente implicado en el derrocamiento de Manuel Zelaya. Dieciséis años después, su alto mando ha sido ampliamente renovado. A través de su jefe del Estado Mayor, el general Roosevelt Hernández, la institución expresa su lealtad hacia el gobierno, aun cuando este no sea dominado por la oligarquía. La derecha no le perdona esta «traición». Resulta que, según el artículo 272 de la Constitución, los militares están puestos a disposición del CNE para el transporte y la vigilancia del material electoral. Son ellos, entonces, quienes, por instrucción de LIBRE y de Moncada, habrían saboteado las primarias. Ex abrupto, Cossette López declara: «En estas condiciones, será imposible organizar las elecciones del próximo noviembre».
Vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino fue testigo del proceso de toma de decisiones y de todo lo sucedido en esa ocasión. Él nos ofrece otra versión de los hechos. Por diversas razones, la planificación del CNE falló. «Las papeletas se encargaron demasiado tarde. Llegaron a último momento. Temprano en la mañana de las primarias, aún se estaban preparando las cajas que las contenían.» En medio de la confusión, los responsables del CNE modificaron las modalidades de transporte hacia los centros de votación. A algunos de los camiones previstos los sustituyeron por autobuses. Estos, requisados de manera improvisada y sin instrucciones claras, se perdieron, se retrasaron, tomaron rutas equivocadas, tuvieron dificultades para cumplir adecuadamente su misión . «A bordo, los militares tienen únicamente la tarea de vigilar el material. El transporte es gestionado por el CNE. Es el CNE quien conserva la administración de los trayectos.» En definitiva, sólo el 1,4 % de los centros de votación se vio afectado por los fallos. Y todos los partidos resultaron perjudicados. Lo cual significa lo siguiente: «Como presidenta del CNE, es a Cossette López a quien corresponde resolver los problemas. Sin ninguna base real, todo esto no fue más que un espectáculo político.» Destinado, desde un inicio, a sembrar sospechas sobre la actitud del ejército y la gestión del sistema electoral por parte del gobierno.
- Campagne médiatique contre le général Roosevelt Hernández
Entre muchos otros actores, entra en escena un personaje nada secundario en la conspiración que se prepara: Gonzalo Fournier, diplomático español de carrera y embajador de la Unión Europea en Honduras. Mediante un comunicado, expresa de inmediato el apoyo de la UE al CNE. Ya el 25 de febrero, durante un encuentro organizado en los locales de la embajada con la Asociación de Medios de Honduras (AMH) y varios diplomáticos del viejo continente, había manifestado su «solidaridad con la libertad de expresión y de prensa». Reacios a toda información que no vaya en su sentido, esos infelices medios de la oligarquía eran, al parecer, víctimas de un acoso proveniente del gobierno.
A lo largo de abril, Fournier añade una piedra más al edificio reuniéndose con Cossette López –y solo con ella–, ignorando a los demás miembros del CNE. Al término de esta visita, que realiza en compañía del embajador de Francia Cédric Prieto, del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Richard Barathe y de un diplomático canadiense, Fournier reitera su apoyo a unas «instituciones electorales» que estarían bajo amenaza. Esta vez, Hugo Noé Pino reacciona: «No me parece que el momento diplomático sea el más oportuno para solicitar una reunión de esta naturaleza y, suponiéndola necesaria, me pregunto por qué no se solicitó directamente a la plenaria del CNE [3]. »
Abiertamente hostil a Rixi Moncada y a LIBRE, estrechamente alineado con la embajada de Estados Unidos y con el representante del PNUD Richard Barathe, Gonzalo Fournier «prepara» activamente las elecciones —y la futura presencia de una misión de observación de la UE— en compañía de señoras y señores de la clase dominante. Con el ímpetu de un lobista, promueve la imagen de Nasralla ante los embajadores de los países de la Unión Europea. Conspira. Conspira de forma tan evidente que termina por notarse. Igual que el embajador de Israel, Navad Goren, nunca ha sido recibido por Xiomara Castro para presentar sus cartas credenciales. Aunque el gobierno hondureño no haga ningún comentario oficial al respecto, Fournier, el hombre de la UE en Honduras, ¡no está acreditado oficialmente! Salvo ante el CNE, podrían bromear algunos…
El Consejo Nacional Electoral: tres miembros principales (con suplentes). Su nombramiento por el Congreso resulta de un acuerdo político entre los tres principales partidos: PN, PL y LIBRE. El PN, como se ha visto, está representado por Cossette López; el PL por Ana Paola Hall; LIBRE por Marlon Ochoa. La presidencia se ejerce por rotación, durante un año. Mayoritarios dentro del organismo, los representantes de la derecha impusieron el orden de esta alternancia. Cossette López (PN) presidirá durante la preparación de las elecciones, hasta el 11 de septiembre de 2025; en esa fecha, Ana Paola Hall (PL) asumirá el relevo para dirigir la institución durante el desarrollo de los comicios; Marlon Ochoa (LIBRE), de todos modos minoritario, no estará a cargo sino después de la batalla, en septiembre de 2026.
Para el período que nos interesa, las piezas del bipartidismo controlan por completo el CNE.
- Cosette López et Ana Paola Hall
Nueva etapa. De la mano con Ana Paola Hall, Cossette López intenta introducir una intervención humana en el sistema informático de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) antes de que este divulgue las cifras salidas de las urnas. Tal presencia permitiría interceptar para «verificación» —y luego eliminación— actas demasiado favorables a Rixi Moncada. ¿Proceso de intenciones? Es precisamente un mecanismo de este tipo (ilegal según los artículos 266 y 278 de la ley electoral) el que, en 2013 y 2017, permitió la manipulación de resultados. La enérgica denuncia de Marlon Ochoa provoca una crisis de primera magnitud. La intensidad del enfrentamiento lleva al Ministerio Público a allanar el CNE y a incautar diversos documentos. Pese a las acusaciones de «conspiración» lanzadas contra el gobierno por los formadores de opinión, la alerta dada por Ochoa surte efecto: la maniobra fracasa.
Como lo hicimos para el CNE, nos detendremos un instante en el TREP, que, de manera recurrente, se encontrará en el centro del debate. Como su nombre indica, este sistema sirve para escanear, digitalizar y transmitir rápidamente los datos de los informes de cierre de las mesas electorales con el fin de ofrecer resultados «preliminares». Las cifras que arroja la noche de la elección y los días siguientes no tienen carácter oficial. Indican una tendencia en distintos momentos del escrutinio, pero pueden permitir instalar a un candidato en la postura de vencedor. Que los resultados oficiales, conocidos posteriormente, difieran de los anunciados inicialmente y con gran despliegue por el TREP puede fácilmente dar lugar, gracias a una vigorosa agitación político-mediática, a una acusación contra el gobierno por supuesta manipulación de los resultados para invertirlos. Por tanto…
Ochoa nuevamente, aguafiestas de los tramposos. Se trata esta vez de que el CNE elija la empresa encargada de la conectividad satelital del TREP. Una etapa crucial para garantizar la rapidez y la transparencia de los resultados iniciales. El consejero de LIBRE denuncia: representantes del PN y del PL viajaron a Sudamérica en busca de empresas dispuestas a servir de prestanombre a Mapa Soluciones, eliminada automáticamente por su implicación en las irregularidades de 2017. Estas firmas responden a la licitación con ofertas por debajo del precio de mercado para asegurarse ganar el concurso. Con el objetivo de tomar control del sistema.
La invocación del artículo 51 de la Ley de Contratos de Concesión del Estado permite neutralizar las opciones más visiblemente tendenciosas. A finales de agosto, de urgencia, por no decir precipitada, a pocas horas del vencimiento del plazo legal, una resolución unánime asigna la tarea a la empresa colombiana Grupo ASD.
Grupo ASD: procesado en dos ocasiones por la justicia colombiana. La primera, en 2008, por «manipulación de votos»; la segunda, en 2014, por el Consejo de Estado, por «irregularidades» durante la elección presidencial. En este año 2025, la empresa cuenta con dos accionistas hondureños sobre cuya neutralidad benévola no conviene apostar: el abogado Germán Enrique Martel, quien, cuando era director de Empresa Energía Honduras (EEH, de capital colombiano), tuvo que gestionar un fuerte conflicto de 500 millones de dólares con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); y Walter Castellanos, candidato… del PN al Parlamento Centroamericano en estas elecciones del 30 de noviembre de 2025.
Breve pausa, nueva controversia. Dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) vinculados a la oposición —Miriam Barahona (PL) y Mario Flores Urrutia (PN)— ordenan al CNE inscribir la candidatura del ciudadano Jorge Cálix a diputado por el departamento de Olancho. Es de dominio público que este último es inelegible por dos razones. Al haber participado en marzo en la primaria del PL como precandidato presidencial (derrotado por Nasralla), la ley le impide presentarse a otro cargo. Además, para postular en Olancho debería haber residido allí al menos cinco años. Evidentemente no es el caso, puesto que actualmente es diputado por el departamento de Francisco Morazán (la misma anomalía es ignorada por el TJE respecto al candidato a diputado por Valle, Cristian Villalobos).
Para coronar la medida, ambos magistrados impusieron esta decisión cuestionable sin respetar el quórum obligatorio, en ausencia del tercer miembro del TJE, representante de LIBRE, o incluso de su suplente. «Que hayan sido capaces de sesionar con una plenaria que no era la plenaria, con una plenaria de dos que no es la plenaria y, además, emitir una resolución contraria a la Constitución, tiene razones para asustar a la población», observó la abogada Reina Rivera Joya, tomando nota de una evidente propensión a eludir la ley.
Pese a la oleada de furia de una oposición que gritaba al autoritarismo, el Ministerio Público acusa a los dos magistrados responsables por «prevaricación judicial». Constatando lo indefendible de «la causa», el CNE anuncia a inicios de noviembre que Cálix (al igual que Villalobos) no podrá postularse.
Mientras tanto —un plan tras otro—, el bipartidismo ha continuado su labor de deslegitimación del gobierno. Año electoral obliga, el Congreso, que domina, ha hecho deliberadamente que se prolonguen los debates e impedido la adopción de proyectos de ley que, presentados por LIBRE, podían otorgarle un amplio respaldo popular. Según la Constitución y la ley orgánica, el poder legislativo inicia su sesión el 25 de enero de cada año y la concluye el 31 de octubre del mismo. Durante el receso, entra en funciones una Comisión Permanente para garantizar la continuidad institucional [4]. Y así llega la fecha límite.
El 28 de octubre, los diputados del PL, PN y Salvador de Honduras (PSH) pretenden convocar indebidamente una sesión «extraordinaria» con el propósito de impedir la nominación y formación de dicha Comisión, donde ya no contarían con mayoría. Al estarles prohibido el acceso a las instalaciones del Congreso por la policía, celebran su asamblea en exteriores [5]. Un único punto en la agenda: la prolongación de la sesión ordinaria hasta el 20 de enero de 2026.
Explicación del golpe de fuerza: si el CNE se encuentra imposibilitado de proclamar un ganador de la elección presidencial antes del 30 de diciembre de 2025, la decisión debe ser tomada por el Congreso.
Así, la acusación se propaga incluso hasta los Estados Unidos: la «ilegítima» comisión habría emprendido la eliminación del Congreso para poder imponer arbitrariamente su decisión. Poco importan las precisiones dadas por el propio Manuel Zelaya: «La Comisión Permanente no puede sustituir al Congreso Nacional ni a la plenaria. Sus funciones son administrativas y técnicas, pero esta realidad se manipula para engañar a la gente.» Y detalla: la entidad no puede intervenir en el proceso electoral, ni contar los votos, ni declarar electos a diputados, alcaldes o presidente de la República —competencias exclusivas del CNE y, en algunos casos, de la plenaria del Congreso.
¡Inútil! La versión fantasiosa de una comisión que decide arbitrariamente el nombre del ganador de la elección presidencial se difunde como una marea.
- Majorité du Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants – « Les événements récents indiquent que le pays s’oriente vers la voie autoritaire empruntée par le Venezuela et le Nicaragua, menaçant la sécurité nationale des États-Unis et la stabilité régionale. »
En tal contexto, cada actor considera necesario expresar su posición. Las Fuerzas Armadas elevan nuevamente la tensión cuando el comandante en jefe, Roosevelt Hernández, solicita al CNE tener acceso a las actas electorales al término de la elección presidencial. Esta vez, el abogado constitucionalista Joaquín Mejía interviene para recordar que el rol de los militares se limita al apoyo logístico: deben, recuerda, «asegurar la seguridad del material electoral, garantizar que llegue a los centros de votación, proteger las urnas y el proceso en caso de violencia o de actos que busquen sabotear o alterar la voluntad popular». En ningún caso la petición de Hernández —cuyas motivaciones resultan entonces difíciles de interpretar, ya sean buenas o preocupantes— figura en la Constitución ni en la Ley Electoral de Honduras. En manos de la oligarquía —conocida como «las diez familias»—, la esfera mediática tiene ahora todas las oportunidades para hacer fiesta.
Su estado de éxtasis y regocijo será, sin embargo, de corta duración.
Entramos entonces «en lo más duro» de un proceso electoral destinado a desarrollarse según las costumbres de la tradición local. Con base en escuchas telefónicas de origen desconocido, el fiscal general Joel Zelaya denuncia la existencia de una conspiración. Guardados en una memoria USB, los veintiséis audios difundidos públicamente permiten reconocer las voces de Cossette López (CNE), del diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del PN, y de oír también a un militar cuya identidad no puede determinarse. Las palabras no dejan lugar a dudas. Se trata de sabotear la logística e infiltrar cómplices entre los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (MOE-UE). En uno de los intercambios sobre el TREP, el timbre inconfundible de Cossette López se hace imperativo: «Lo importante es anunciar que Salvador Nasralla va adelante y, por favor, por el amor de Dios, ¡sobre todo no Rixi Moncada!» En caso de resultados «insatisfactorios», será necesario retrasar su divulgación, alterarlos y crear un caos que permita declarar «inválidas» las elecciones. De forma muy explícita, se precisa que un sector de las Fuerzas Armadas respaldará el «golpe», así como la embajada de los Estados Unidos.
La derecha y sus voceros disparan en todas direcciones y, sin gran preocupación por la coherencia, encadenan los argumentos: que se trata de audios creados por inteligencia artificial; que fueron obtenidos de manera ilícita, lo cual constituye un delito. LIBRE encarga al experto colombiano Jeisson Villamil, director de PTC Private Investigation Technology, que los examine. Tras presentar en rueda de prensa el informe técnico que confirma su autenticidad, Villamil revela que ha recibido amenazas de muerte. Eso no es lo que retiene la atención. Una fuerte campaña mediática incrimina a LIBRE. Proceso, El Heraldo, La Tribuna, La Prensa y otros se entregan plenamente. Igual que la defensa de Cossette López, cuestionan la pericia «pagada» por el partido en el poder. ¿Quién podría validar sus conclusiones? El Ministerio Público corta la polémica precisando que posee «sus propios expertos, recursos y mecanismos de cooperación, tanto a nivel regional como internacional» para llevar a cabo las investigaciones. Y confirma la autenticidad de los audios.
En la sombra, el sector financiero, las empresas, los grupos de poder y los funcionarios públicos afinan las operaciones… Eduardo Facussé, prominente figura de la oligarquía; Basilio Fuschich Hawit, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh); Miriam Barahona, del Tribunal de Justicia Electoral; el propio Salvador Nasralla… Cuatro días antes de la votación, siete nuevos audios vendrán a confirmar las intrigas en curso. Aparece nuevamente Tomás Zambrano, conversando con una especialista en telecomunicaciones sobre la posibilidad de debilitar la señal de Internet en diversas zonas alegando «fallas climáticas» para impedir o retrasar la transmisión de resultados. En distintas ocasiones reaparece el uso del TREP para imprimir en el imaginario colectivo la «victoria de Nasralla» mucho antes del final del escrutinio. Y luego esto (la guinda del pastel): Cossette López negociando punto por punto con un interlocutor no identificado una recompensa de 7 millones de lempiras (unos 280.000 euros), porque «3 millones de lempiras no son nada, ni siquiera compras una casita en Guaimaca con esa mierda, así que aumenten la oferta (…), ahí podríamos empezar a hablar».
El 9 de noviembre tuvo lugar el simulacro organizado por el CNE para probar el dispositivo electoral —y en primer lugar el TREP— en los dieciocho departamentos del país. Un resultado catastrófico. Fallo total de la conexión satelital y de uno de los canales destinados a la transmisión de las actas desde los centros de votación. Al final del ejercicio, solo 1.556 actas de las 4.362 previstas habían podido transmitirse (35,7 %). En otras palabras, según Marlon Ochoa: «A veinte días de las elecciones, no existe ninguna garantía de un TREP transparente.»
Como Ochoa está vinculado a LIBRE –fue ministro de Hacienda de Xiomara Castro–, nadie está obligado a creerle su palabra, será objetada y ha sido objetada durante mucho tiempo. Resulta que, del 30 de octubre al 2 de noviembre, los expertos en ciberseguridad de la Misión de Observación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) analizaron el funcionamiento del TREP. El 11 de noviembre, entregan al CNE, y también a los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, un informe técnico devastador [6]: según este, las carencias de la infraestructura tecnológica y del sistema de ciberseguridad comprometen la trazabilidad y la fiabilidad del sistema. «Ninguna de las medidas recomendadas en el informe fue implementada», informará más tarde Milton Morrison, responsable de esta misión presente por invitación de todos los partidos, «aunque se presentaron dentro de los plazos y en el formato requerido».
- Mission d’observation de la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL)
Cuando ya se intuía la magnitud del ataque contra las instituciones, Manuel Zelaya, con el recuerdo de 2009 siempre presente, precisó a finales de julio: «Hoy estamos organizados, preparados y entrenados a través de más de 30 000 colectivos de base desplegados en todos los rincones del país». Grupos de militantes surgidos de los barrios populares, nada más. Frente a esa retórica combativa, la propaganda de la oposición sustituye el discurso por el miedo. El paralelismo con los abominables «colectivos» chavistas de Venezuela y con las atroces «turbas» sandinistas de Nicaragua se vuelve omnipresente, en forma de imágenes, mensajes escritos o audios. Estos «violentos» grupos de choque «constituyen una seria amenaza para la democracia».
Afortunadamente, la civilización vela. Y ¡qué civilización!
Los Estados Unidos son el socio comercial más importante de Honduras, el principal inversionista en el país y el primer destino de su migración. Desde el norte provienen las remesas (transferencias financieras) esenciales para más de 2 millones de familias y para la economía nacional; representan cerca del 27 % del PIB.
En 2021, tres semanas antes de la previsible victoria de Xiomara Castro, Washington nombró en Honduras a una embajadora de choque: Laura F. Dogu. Esta había ocupado el mismo cargo en Nicaragua en 2018, cuando una ola de violencia insurreccional intentó derrocar al presidente sandinista Daniel Ortega. Desde el primer momento, la «diplomática» se hizo notar en Tegucigalpa por sus intervenciones públicas, sus injerencias y sus «condenas» a las reformas emprendidas —energía, inversiones y empleo—. Una relación tornada más difícil todavía por algunas decisiones soberanas poco propicias a entusiasmar a Washington: el establecimiento de relaciones oficiales con la República Popular China en detrimento de Taiwán; el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela en julio de 2024; la apuesta por el multilateralismo y la integración, simbolizada por la presidencia pro tempore de Xiomara Castro al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En un país durante mucho tiempo considerado una «república bananera», una fuente de orgullo para el vicecanciller Gerardo Torres: «¡En la historia de Honduras, nunca habíamos tenido la secretaría general de nada!».
«Hemos tenido episodios en los que el canciller convocó a la embajadora de Estados Unidos para pedirle que bajara el tono», confía el mismo Torres. «Y después, hemos tenido episodios de reconciliación». Existen incluso proyectos comunes, incluido «el más grande que tiene Honduras: un ferrocarril interoceánico que conectará el puerto de Trujillo [en el mar Caribe] con Amapala [en el Golfo de Fonseca], y que será un corredor importante dentro de unos años».
Pese a algunas treguas, un episodio particularmente «caliente» empañó las relaciones entre ambos países cuando, a comienzos de enero de 2025, Donald Trump emprendió su cacería contra los migrantes —entre los que se encontraban 260 000 hondureños— y Xiomara Castro amenazó, en represalia, con cerrar la base militar estadounidense de Soto Cano [7].
Al permitir despliegues militares rápidos, esta base aérea constituye un centro estratégico esencial para las operaciones estadounidenses en Centroamérica. Un informe reciente del US Army señala que «su cierre probablemente generaría una disminución de la influencia y de la eficacia operativa de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas y en las iniciativas de estabilización regional (…) » , antes de advertir que un desenlace así «podría constituir un revés militar y un desafío multifacético susceptible de desestabilizar la región y perjudicar los intereses estadounidenses [8]».
Sucede que Washington está a punto de sufrir un duro revés en América del Sur. Consultados mediante referéndum el 16 de noviembre de 2025, el 60,8 % de los ecuatorianos rechazó modificar la Constitución para permitir el regreso de bases militares extranjeras —léase «estadounidenses»— al territorio nacional [9]. En este contexto, arriesgar la pérdida de Soto Cano se vuelve inimaginable. Un gobierno de derecha en Tegucigalpa ofrecería en la materia mayor seguridad.
Tras tres años de presencia marcados por polémicas, la embajadora Laura Dogu abandonó Honduras el 28 de marzo de 2025. En un gesto político de connotación negativa, el Departamento de Estado no le nombró sucesor. Un encargado de negocios, Roy Perrin, la reemplazó. Ello no significa que sea más inofensivo: trabajaba con Dogu en la embajada desde 2022.
Desde Estados Unidos, las señales no dejan de multiplicarse. El 24 de agosto, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes advierte que «si Honduras adopta una vía autoritaria como Venezuela y Nicaragua, ello implicará una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad regional». Pamela Bondi, la fiscal general que puso una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, acusa a Tegucigalpa de ser pagado por este último para colaborar con el Cartel de los Soles —que todo el mundo sabe que no existe [10]]—. Presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental en la Cámara, la «ultra» de origen cubano María Elvira Salazar escupe fuego contra Rixi Moncada, la «heredera del proyecto comunista» de Xiomara Castro.
En lugar de recorrer las zonas cálidas y polvorientas de su país, Nasralla hace campaña donde todo se decide: en Estados Unidos. En cohortes, sus compatriotas de corbata y fajos de billetes desfilan por Washington y Miami. Tras mantener una reunión con representantes del sector empresarial hondureño, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Christopher Landau, expresa su preocupación por «las presiones y el hostigamiento» sufridos por los miembros del CNE y denuncia la «Comisión Permanente ilegítima» que se habría sustituido al Congreso. ¡Pura prestidigitación! Landau conoce perfectamente el rol y los límites de dicha comisión, pues el canciller hondureño, Javier Bu Soto, se los ha explicado personalmente.
Surge luego aquella de la que el mundo ya no puede prescindir: en un emotivo mensaje de aliento, la Premio Nobel de la Impostura venezolana, María Corina Machado [11], pide a los hondureños «abrir un nuevo y luminoso capítulo de libertad».
- Forum de Madrid – « Le couple Zelaya-Castro veut saboter les élections pour rester illégalement au pouvoir et protéger le Cartel des Soleils » (cartel de drogue vénézuélien imaginaire censément commandé par Nicolás Maduro).
No faltaba más que el gendarme mundial «en persona». Provocando un seísmo, se manifiesta cuatro días antes de los comicios. «No puedo colaborar con Moncada y los comunistas», advierte Donald Trump en su red Truth Social, «y Nasralla no es un aliado fiable para la libertad, no se puede confiar en él. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente». Aun siendo especialistas en injerencias, jamás Estados Unidos había actuado de manera tan burda. Y no es más que el comienzo. Para asegurarse de que sus órdenes han sido comprendidas, el inquilino de la Casa Blanca reincide la víspera del día decisivo. Si Asfura no gana, precisa, «Estados Unidos no va a desperdiciar su dinero, porque un mal dirigente solo puede conducir a un país a resultados catastróficos, sea cual sea». Acto seguido, Trump anuncia que otorgará «un perdón total y completo» al expresidente Juan Orlando Hernández… injustamente condenado por la justicia de Joe Biden.
- Donald Trump dans ses œuvres : « Votez pour Tito Asfura à la présidence, et félicitations à Juan Orlando Hernandez pour sa grâce prochaine. Merci de votre attention à cette affaire. Rendez sa grandeur au Honduras. »
En la sombra, dos plataformas electrónicas, a las que se habían comunicado al menos cuatro bases de datos que contenían cada una más de 90 000 nombres, realizan un envío masivo de mensajes. Estas bases de datos provienen de entidades bancarias y se refieren, en particular, a titulares de cuentas que reciben transferencias de fondos internacionales [12]. Así, los días 27, 28 y 29 de noviembre, centenares de miles de hondureños reciben un mensaje MMS en su teléfono móvil: «Si gana Rixi Moncada, no llegarán las remesas del mes de diciembre». Paralelamente, una campaña de contenido similar se difunde en diversas emisoras de radio.
En un primer momento, el inesperado abandono de un Nasralla hasta entonces apoyado por el «establishment» provocó tanta sorpresa como incomprensión. Circularon dos hipótesis: se trataba de una nueva manifestación del nivel de caos y de divisiones reinantes en la administración estadounidense, con Trump arbitrando y actuando según su antojo; o bien estaríamos ante un urgente «cambio de caballo» debido a un pésimo desempeño de Nasralla, muy por detrás de Moncada, en las encuestas privadas realizadas por la oposición. Muy pronto, sin embargo, estas interrogantes se volvieron secundarias ante la obscenidad de las maniobras emanadas de la Oficina Oval, evidente a simple vista.
En primer lugar, un chantaje, similar al ejercido con éxito sobre Argentina cuando, con ocasión de las legislativas de octubre, la Casa Blanca condicionó la concesión de una ayuda masiva de 20 000 millones de dólares a la victoria de los candidatos del presidente Javier Milei. Esta vez, el discurso de Trump da a entender que la ayuda estadounidense a Tegucigalpa se interrumpirá en caso de derrota de Asfura. Que hará la vida imposible a Honduras si gana Moncada. Que apuntará contra los migrantes hondureños presentes en Estados Unidos.
Suficiente para incitar a los indecisos a votar; para empujar hacia el PN a electores menos apegados al PL (o incluso a LIBRE) que a la estabilidad económica del país y a las remesas enviadas por familiares que viven en el norte.
Juan Orlando Hernández… La cúspide de la hipocresía. Con el pretexto absurdo de que sería el jefe de una banda de narcotraficantes —el Cartel de los Soles—, el Departamento de Justicia estadounidense ha puesto precio, 50 millones de dólares, a la cabeza de Nicolás Maduro; desde hace meses, en nombre de la lucha antidroga, una imponente flota de la Marina de EE.UU. asedia la costa caribeña de Venezuela, rebautizado para la ocasión «narco-Estado»; en el marco de esta operación, implicando el portaaviones más moderno y poderoso del mundo, al menos 83 personas sospechosas de transportar cocaína han sido asesinadas extrajudicialmente en alta mar; en nombre de esta misma supuesta lucha implacable, Trump amenaza a México y a Colombia. Luego, sin pudor alguno, procede el 2 de diciembre a liberar de la prisión federal de Hazelton (Virginia Occidental) a su amigo hondureño, declarado culpable de haber participado y protegido una red que envió más de 450 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
La extravagante medida tiene sin duda por objetivo reagrupar a partidarios del PN cuya movilización había decaído tras la infamante condena de «JOH». También puede acercar a LIBRE a hondureños indignados por tanto cinismo e inmoralidad. En estos tiempos de reafirmación del «patio trasero» estadounidense, la medida tiene sobre todo el valor de un mensaje a las derechas duras latinoamericanas: «Pueden permitirse todo, el Imperio los respaldará.» Así pues, ¿para qué contenerse?
- Le président Juan Orlando Hernández et l’actuel secrétaire d’Etat Marco Rubio avant « les regrettables incidents » de l’extradition aux Etats-Unis, de l’accusation et de la condamnation.
« El TREP ha sido hackeado, ya sabemos lo que ocurrirá en la noche del domingo 30 de noviembre», había declarado Rixi Moncada durante su último mitin de campaña. Dio entonces varias instrucciones a los miembros del partido para garantizar la vigilancia del voto popular. En esencia: conservar cuidadosamente las copias físicas de las actas emitidas en cada mesa electoral.
La víspera de la elección, pese a la oposición de Marlon Ochoa, el CNE aprobó la eliminación del dispositivo biométrico de identificación de los votantes en las mesas. Expresamente reconocido por el artículo 259 de la ley electoral, la verificación de huellas digitales mediante este dispositivo permite asegurar que el número de votantes, debidamente identificados y autorizados, corresponda al del acta de escrutinio.
Desde el anuncio inicial de los resultados, la noche del 30, basados en apenas el 34,25 % de las actas, Asfura y Nasralla (en ese orden) son anunciados codo a codo, cada uno alrededor del 40 % de los votos; Rixi Moncada aparece arrastrándose con un resultado irrisorio (menos del 20 %) pese a su verdadera popularidad. Más tarde se descubrirá que varios miles de actas debidamente registradas no fueron ni tomadas en cuenta ni divulgadas. Lo que sigue pertenece al desorden previsible. El TREP funciona con lentitud, luego se paraliza el lunes por la tarde cuando solo el 57 % de las actas ha sido procesado. Con Nasralla pasando al frente, como en un juego de caballitos, el TREP vuelve a inmovilizarse durante varias horas, antes de que, milagrosamente, Asfura retome la delantera. El 5 de diciembre, cuando aún encabezaba el conteo con el 40,21 % de los sufragios (Nasralla: 39,48 %), el sistema gestionado por Grupo ASD volvió a caer en coma.
No hizo falta esperar tanto para que las primeras voces dieran la alarma. Entre ellas la de Marlon Ochoa, sin sorpresa, denunciando un fraude desde el 2 de diciembre. También la del experto en comunicación política Héctor Maradiaga, señalando ya la ausencia del dispositivo biométrico: «Lo que puede observarse en varias actas es increíble: hay mesas donde votaron 100 personas, pero donde el acta registra 600 o 700 votos. Es algo completamente descarado [13]. »
A la voz de Rixi Moncada recordando que estos dudosos «resultados preliminares» no tienen carácter oficial y que LIBRE emprenderá todas las gestiones necesarias para que se realice un análisis de las actas, se suma pronto un comunicado de… Nasralla: «Denuncio públicamente que hoy, 4 de diciembre de 2025 a las 3:24 de la madrugada, el sitio [del CNE] se apagó y un algoritmo (similar al utilizado en 2013) modificó los datos. Los 1 081 000 votos de Nasralla fueron asignados a Asfura y los 1 073 000 votos de Asfura fueron asignados a Nasralla.» Puede que sea cierto, pero es un arma de doble filo: temeroso de atraer sobre sí la furia del Coco de la Casa Blanca, Nasralla, si protesta, evita protestar demasiado fuerte. Cabe suponer que la misma sombra imperiosa de Washington flota sobre las decisiones y vacilaciones del dúo Cossette López – Ana Paola Hall.
En la cadena TeleSur, Rixi Moncada denunció: «¡Hay un golpe electoral en marcha!» En consecuencia, el 6 de diciembre, considerando que está «alterada la voluntad popular» y «violada la ley electoral», LIBRE presentó ante el CNE un «Recurso de nulidad administrativa» de los votos emitidos el 30 de noviembre [14]]. En un largo documento detallando todas las trampas de las que fue víctima la democracia en esta circunstancia, se precisa, entre otras cosas, que debido a la omisión del registro biométrico, «13 246 de las 15 297 actas de escrutinio (86,6 %) presentaron incoherencias y errores importantes entre los datos biométricos y el contenido de las actas, lo que representa una diferencia de 982 142 votos».
- Marlon Ochoa, le 4 décembre
- Rixi Moncada, interviewée par Telesur
Se observará que los observadores parecen no observar gran cosa. Con el exministro paraguayo de Asuntos Exteriores (de derecha) Eladio Loizaga a la cabeza, la misión de la OEA se ha limitado por ahora a llamar a «acelerar el proceso de escrutinio» y a confirmar que «el resultado es extremadamente estrecho». Contar con solo 101 observadores y lograr un descubrimiento tan fenomenal roza la hazaña. Al igual que el de la Unión Europea, el informe preliminar (también preliminar…) de la OEA no incluye en su análisis del sistema las palabras «fraude» o «manipulación intencional», conformándose con términos como «retrasos» o «falta de formación». ¿La injerencia de Estados Unidos? Ni vista…
En las redes sociales, el intelectual y periodista Ignacio Ramonet interpela a los «paladines de la democracia electoral» que se sientan en Bruselas: «Hace exactamente un año, el 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional rumano anuló la elección presidencial en favor del candidato Călin Georgescu, ganador de la primera vuelta, debido a “sospechas de injerencia rusa”. La Unión Europea saludó la decisión del Tribunal Constitucional y condenó cualquier “injerencia extranjera” en una elección democrática. ¿Condenará ahora Bruselas la injerencia flagrante del presidente estadounidense Donald Trump en las recientes elecciones hondureñas? ¿Exigirán las autoridades europeas (Von der Leyen, Macron, Merz, Tusk, Meloni, etc.) la anulación de la elección hondureña si Tito Asfura, públicamente respaldado por Donald Trump, el protector de la Casa Blanca, llegara a imponerse?» Conociendo el papel, en este asunto, del embajador Gonzalo Fournier, cabe apostar que la respuesta a la pregunta ya se conoce…
El domingo 7 de diciembre, la Coordinación Nacional de LIBRE denunció la existencia de un «golpe de Estado electoral», confirmó «no reconocer los resultados de las elecciones» y llamó a sus militantes y al pueblo hondureño a organizar «movilizaciones, manifestaciones, plantones, concentraciones y huelgas» para defender lo que considera un proceso electoral vulnerado. Rixi Moncada ordenó a los funcionarios del gobierno no participar en ninguna «actividad de transición» relacionada con las supuestas «nuevas autoridades del país». Por su parte, en un proceder a la venezolana, los líderes del PN y del PL llamaron al mando de las Fuerzas Armadas a no obedecer las órdenes «ilegales» del gobierno.
«¡Aquí nadie se rinde!», concluyó LIBRE en su mensaje.
El pulso no ha hecho más que comenzar.
- Action de nullité administrative déposée par LIBRE
- En 2013, la fraude, déjà… (ML)
Illustration d’ouverture : Nasry Asfura, Donald Trump, Salvador Nasralla
